En el Gobierno nacional esperan que el 20 de abril sea el dÃa clave para el despegue de los proyectos de inversión mediante el programa de Participación Público Privada (PPP), con los que Mauricio Macri espera que finalmente se concrete "la revolución de la obra pública" tantas veces anunciada. Pero los posibles inversores mantienen serias dudas y en la Rosada estudian nuevos incentivos como la eximición del impuesto a las Ganancias.
Ese dÃa deberÃan abrirse las propuestas para los corredores viales, la primera licitación bajo el régimen de PPP. Pero nadie en el mercado se anima a confirmar que eso suceda. Como contó LPO, esa licitación tuvo que posponerse el mes pasado porque los empresarios pretendÃan que los eximan de pagar el IVA, un punto que complicaba aún más la ecuación económica de los proyectos, afectada sobre todo por la suba de tasas.
Ante este escenario de incertidumbre, fuentes del mercado aseguraron a este medio que en los próximos dÃas Macri firmará un decreto para eximir a los contratos de PPP del pago de impuesto a las Ganancias y el IVA. SerÃa una forma de apurar a los empresarios para que presenten las ofertas el dÃa 20.
La cuestión impositiva es una de las que preocupan a los hombres de negocios. A Ganancias e IVA, en el cálculo se le suman ingresos brutos, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y algunas tasas municipales que deberÃan afrontar. Todo suma para una cuenta que en el mercado calculan que será incluso mayor a los pronósticos más negativos.
Los precios ofertados van a estar alrededor de un 300% por encima de lo que se paga actualmente el kilómetro de ruta, estimó a LPO un hombre de la construcción, que agregó que al Gobierno le va a resultar muy difÃcil explicar por qué va a terminar pagando un costo tan elevado, pero lo terminará aceptando por la necesidad de aliviar el déficit dejando de girar recursos del Tesoro para obra pública.
El principal problema para los empresarios es que si les adjudican un corredor deberán conseguir el financiamiento, justo en momentos de absoluta volatilidad del mercado, por las propias incertidumbres de la economÃa argentina pero también por la suba de tasas en Estados Unidos, entre otros factores internacionales.
De por sÃ, las empresas pueden acceder a financiamiento entre 250 y 300 puntos básicos más de lo que le cobran al Gobierno. Es decir que si no hay complicaciones extras se endeudarÃan al 9,5% o 10%. "Esos tres puntos más multiplicado por 15 años ya son un costo extra del 45%", explican desde las constructoras. A eso se suman los costos de los contratos con estudios de abogados del exterior para que hagan las colocaciones, garantÃas, comisiones y los seguros de las obras, que al ser por 15 años se consideran con el riesgo más alto por lo que serán carÃsimos.
Ese sobrecosto del 300% es el seguro de las empresas para poder participar en las licitaciones. Es que según supo LPO hubo muchas que dudaron (y aún dudan) o directamente se bajaron porque los riesgos del régimen de PPP eran demasiado altos. "Es un buen instrumento que se hizo mal, con poco tiempo, el Gobierno se apuró", resumió un empresario.
Es que en el mercado le cuestionan a los funcionarios que en el apuro por concretar las licitaciones no hubo consultas con los empresarios antes de preparar los pliegos. Ese dato sorprendió a los inversores estadounidenses que se reunieron con Guillermo Dietrich, y se lo plantearon concretamente. No hubo respuesta y el resultado es que entre los consorcios que presentarán ofertas no habrá ninguna compañÃa de EEUU. De hecho, hay muy poco entusiasmo en el exterior y sólo habrá dos o tres compañÃas foráneas, asociadas a argentinas.
Tampoco habrá presencia de constructoras locales chicas, y algunas medianas tuvieron que unirse con los grandes actores para no quedarse afuera. Es que, como explicó LPO, éstas no tenÃan ni la expertise ni la estructura profesional para salir a tomar deuda. Son firmas demasiado atadas al sistema tradicional, que ahora se enfrentan al riesgo de que el Gobierno pretende que todas las obras salgan con el instrumento del PPP.
Más allá de las dificultades de la licitación de los corredores viales, en el mercado creen que el escenario será aún más complejo para las futuras obras que pretenden licitarse con PPP (obras de agua, hospitales, ferroviarias, entre otras). Es que las empresas que consigan quedarse con los contratos viales, difÃcilmente tengan capacidad de endeudarse para otros proyectos. Es decir que el abanico de oferentes ya de por sà chico (se estima que serán unos 6 o 7 consorcios), se achicará aún más.
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La verdad, muchachos, si tan caros nos van a salir, mejor volvamos al sistema anterior. ¿Cuánto sumaba el conjunto coima-sobreprecio? ¿50 por ciento? ¿100 por ciento? Ok. Volvé, Lázaro Báez, te perdonamos.
Dicen que de esta forma se alivia el déficit evitando que se giren más fondos del Tesoro para la obra pública, pero en realidad el resultado, tarde o temprado, es el mismo.
Pero, también me pregunto, a quién se le ocurre que podemos pagar esos sobreprecios, sin proyectos explícitos y solo enunciados por las autoridades; lo cual nos hará caer en las garras del empresariado que podrá diseñar lo que quieran que paguemos.
Obras por 15 años que habrá que reparar en el mejor de los casos, una vez completa antes de su vencimiento de contrato,
Entiendo que no podemos pedir mesura a los actuales gobernantes (menos a los anteriores, eh!), entiendo que no podemos tampoco pretender que sean conservadores y medidos en sus ambiciones de descollar, y solo pensar para pocos diciendo que lo hacen para muchos, comprendo también que los oferentes quieran cubrirse, si de respaldo para sus inversiones le tirarán "papelitos". Pero, entonces, porqué no toman o consumen algo que no les caiga tan mal o que provoque impulsividad psicomotriz desmedida, ponen los pies en la tierra y gobiernan decidiendo como si el dinero fuera de un habitante medio.
Hablar de sobreprecios de 300 %, no es un chiste ni un anuncio, es un llamado a la violencia.