La escena se repite y en el Congreso ya nadie sabe si alguna vez tendrá sentido: la oposición se une en comisión para rechazar decretos presidenciales y Cambiemos firma dictamen sin importarle demasiado, porque si ambas Cámaras nunca se juntan para votarlos en contra Mauricio Macri puede aplicarlos sin problemas.

Esta tarde, la bicameral de trámite legislativo trató 8 decretos de necesidad y urgencia (DNU) y el senador radical Luis Naidenoff, su presidente, los mandó a la firma pese a que varios fueron denostados por todos los opositores.

La maniobra de Emilio Monzó antes de año nuevo le garantiza a Cambiemos mayoría propia para tener siempre dictámenes. Y la convivencia con el peronismo dialoguista, al menos por ahora, le permite no ser testigo de un decreto anulado en los recintos, un hecho inédito en la democracia.

El kirchnerismo y el PJ se opusieron al DNU que eliminó un incentivo a la industria naval y al que autorizó deuda externa para gastos corrientes. Cosechó críticas la eliminación de impuestos a la importación de electrodomésticos. 

El primer DNU desaprobado por toda la oposición fue el 1076, un veto parcial a la ley de promoción de industria naval, que eliminó un fondo de incentivo de 1500 millones de pesos y enfureció a los gremios del sector.

"Sin este fondo la ley no tiene sentido. El propio Macri dice que la industria naval es un desafío, pero después pide presupuestos en el exterior", se quejó el senador chubutense Alfredo Luenzo, que no es miembro de la bicameral pero asistió a la reunión realizada en una pequeña sala del cuarto piso del edificio anexo del Senado. El palacio estaba ocupado por los reyes de Noruega.

El pampeano Daniel Lovera, del interbloque Argentina Federal (leal a los gobernadores) avaló a Luenzo y recordó que cuando debatieron la ley habaron del fondo vetado por Macri. "Yo no sé qué acordaron, pero la ley de administración financiera impide crear una gasto sin detallar cómo surge", interrumpió el macrista Pablo Tonelli.

El diputado entrerriano Juan José Bahillo, también de Argentina Federal, pidió discutir un posible origen de esos fondos, pero Naidenoff le recordó que la bicameral sólo puede avalar o rechazar decretos y pasó el dictamen a la firma. No tenía mayores riesgos.

Algo similar pasó con el 979/17, un decreto delegado que reduce el impuesto para los productos electrónicos del 38,53 al 10,5 por ciento y lo elimina para esos bienes fabricados en Tierra del Fuego.

El kirchnerismo, que está representado por los camporistas Anabel Fernández Sagasti (senadora), Marcos Cleri y Máximo Kirchner (diputados), se opuso y alertó por una desocupación en la provincia más austral ante una ola importadora.

Frente a frente, el hijo de la ex presidente tuvo su primer cruce del año con el revulsivo Fernando Iglesias, quien celebró este DNU "porque termina con un privilegio a unos empresarios por unos pocos puestos de trabajo. Es más barato tener esta gente en la casa y pagarle el doble".

"El capital se traslada más fácil que la gente, pero desde la Capital Federal no se entiende bien. Sin duda que la promoción industrial pudo ser mejor. Hagan algo mejor entonces", lo desafió Máximo.

Iglesias tuvo que aclarar que había cuestionado a los empresarios fueguinos y no a los trabajadores. "Lástima que no está el diputado Kirchner. Debería explicar porque su provincia está fundida", se lamentó. El hijo de Cristina ya se había ido.

Los senadores y diputados de Argentina Federal anunciaron que se abstendrían y por lo tanto el DNU sigue sin una mayoría parlamentaria que le garantice vida eterna.

La oposición también aunó fuerzas contra el DNU 1013, que modifica partidas presupuestarias y habilita deuda externa para gastos corrientes, al exceptuar la operación del artículo 54 de la ley de administración financiera, la misma que había citado Tonelli, que entre otras cosas prohíbe pedir dólares para pagar sueldos.

"(El ministro de modernización Andrés) Ibarra cambia gasto por crédito externo, para pagar honorarios en moneda extranjera. Usen crédito para financiar obras. Nos están llevando a un endeudamiento financiero y estéril", se quejó la senadora del peronismo formoseño Teresa González.

"No nos pueden decir que tomamos deuda para gastos corrientes cuando este Gobierno tiene más obra pública que nunca y con una ejecución altísima", se defendió Iglesias, que tenía ganas de discutir.

Tampoco tuvo el visto bueno de la oposición el decreto 1111/17, que elimina el impuesto del 10 por ciento adicional que pagan los automóviles de entre 380 mil y 900 mil pesos y sube al 20 por ciento la alícuota para los de alta gama.

Y se armó un debate leguleyo por el veto parcial por el 1077, que elimina varios artículos de la Ley de Honorarios profesionales de abogados y peritos.

Fernández Sagasti denunció una merma a los ingresos de los abogados jóvenes e Iglesias, que no estudió Derecho, le respondió: "Que los grandes estudios cobren lo que quieran y los nuevos puedan competir", propuso.

"Los nuevos tienen que poder vivir", diferenció la mendocina. "Tenemos que hablar de la viabilidad del decreto y no de sus alcances", los retó la senadora María Fiore de Viñuales, salteña y aliada de Juan Manuel Urtubey.

No hubo objeciones sobre el DNU 1103/17 que deja sin efecto el impuesto del 12 por ciento durante 2018 a vinos y espumantes; el 99/18 que prorroga la alícuota del Impuesto adicional de Emergencia sobre el precio final del paquete de cigarrillos en el 75 por ciento; y el 100/18 que mantiene la disminución de la alícuota del 21 por ciento del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos.

Y quedaron pendientes el 90/18, que introduce cambios al Plan Progresar; 94/18 (prórroga del reintegro del IVA a beneficiarios de planes sociales y jubilados) y el 95/18 (modificación la Ley de Ministerios). Será en la próxima reunión.