Uber ganó su primera batalla legal en Latinoamérica después de que el congreso brasileño aprobara un marco regulatorio para el funcionamiento de Empresas de Redes Transporte (ERTs). La normativa le da a los municipios la "competencia exclusiva" para reglamentar y fiscalizar los servicios mientras que los conductores deberán tener seguros especiales.

La ley llegó luego de dos años de discusión y tendrá una aplicación puramente local. Cada distrito será el encargado de controlar que los vehículos y choferes cumplan con el Código Nacional de Tránsito pero además los municipios podrán imponer exigencias locales.

Las administraciones locales deberán controlar que los conductores paguen los impuestos obligatorios y adquieran seguros especiales para los pasajeros que transporten. Además los choferes estarán obligados a inscribirse en el sistema de seguridad social y tendrán en su registro una identificación particular. Los vehículos también tendrán requisitos especiales.

El parlamento brasileño modificó en varias oportunidades el proyecto de ley que parecían destinadas a obstaculizar el desembarco de Uber y a favorecer a los taxistas. La normativa original exigía que los autos llevaran una patente roja y obligaba a que los conductores fueran los propietarios de sus vehículos.

Los conductores deberán pagar impuestos obligatorios y adquirir seguros especiales para los pasajeros

Brasil es una de los mayores mercados en el mundo para Uber y sus conductores realizaron 500 millones de viajes en los últimos seis meses, la misma cantidad que en los 42 meses anteriores. El negocio del transporte privado es tan grande en Brasil que llevó Didi Chuxing a comprar 99, una compañía local que acapara una porción importante de los viajes.

En la Argentina aún está lejos la legalización del servicio. Desde el gobierno porteño rechazan la aplicación porque "no paga impuestos y a partir siguen estando en falta otros incumplimientos: sigue estando en falta la licencia profesional, el vehículo habilitado, los seguros correspondientes".

Pero en Brasil la compañía se anotó un triunfo. "(La ley) reafirma que se trata de un servicio distinto al del transporte público", festejaron desde la empresa donde también remarcaron que los choferes podrán seguir cobrando los viajes en efectivo.

"Será considerado ilegal el transporte remunerado privado individual que no siga los requisitos previstos en la futura ley y en la reglamentación municipal", advirtieron desde la Cámara de Diputados en un comunicado.