Vía decreto, el presidente brasileño, Michel Temer, definió que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública en el estado de Río de Janeiro, que en los últimos meses ha sido sacudido por una creciente ola de violencia.

Temer habilitó a las fuerzas federales para actuar contra la violencia urbana, a la que calificó como una "metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población".

"Ustedes saben que el crimen organizado casi que se apropió del estado de Río de Janeiro", en una "metástasis que se expande por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo", dijo Temer tras firmar el decreto en un acto en el Palacio presidencial de Planalto, en presencia de ministros y otras autoridades.

La decisión de decretar la intervención federal -que, en la práctica trasladará a las Fuerzas Armadas el mando de todas las áreas de seguridad pública en ese estado- y dejar la seguridad del estado en manos del Ejército fue adoptada tres días después del fin del carnaval de Río de Janeiro, que este año se vio manchada por numerosos y graves episodios de violencia.

Temer tomó la decisión de dejar la seguridad pública en manos del Ejército tres días después del fin del carnaval de Río de Janeiro, que este año se vio manchado por numerosos y graves episodios de violencia.

La medida es la primera de este tipo desde el fin de la dictadura militar en 1985 y pone a los militares del Ejército a cargo de la policía, los bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río de Janeiro.

De acuerdo a la Constitución, las cámaras legislativas deberán ser convocadas para debatir el asunto en un plazo de díez días, pero tanto la directiva de la Cámara de Diputados como del Senado ya han manifestado su respaldo a la medida y anunciado que será tratada la semana próxima.

Tras el trámite parlamentario, entrará en vigor la administración de seguridad del jefe del comando este del Ejército, general Walter Souza Braga Neto, el mismo que actuó en la operación contra el delito en los Juegos Olímpicos Río 2016. En tanto, el general Braga será el interventor en la seguridad de Río de Janeiro.

El gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, del mismo partido de Temer, el Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), reconoció que hubo fallas de seguridad en el último carnaval y que apenas la policía no puede controlar el accionar de los grupos de narcotraficantes y las gavillas.

Temer explicó que adoptó esa "medida extrema porque todas las circunstancias así lo exigen" y aseguró que habrá "respuestas duras y firmes para enfrentar y derrotar al crimen" organizado.

"No podemos seguir aceptando pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable que estemos enterrando madres y padres de familia, trabajadores, policías, niños y niñas, y que veamos barrios enteros sitiados, con sus escuelas bajo la mira de fusiles", aseguró sobre la realidad que vive a diario la población de Río de Janeiro. Además, subrayó que la intervención federal abarcará también sectores como el presidiario y la vigilancia de las carreteras.

Michel Temer.

Temer se reunió con su gabinete anoche en el Palacio da Alvorada, la residencia presidencial, para tomar la decisión, la primera de este tipo desde que se aprobó la Constitución de 1988.

Por estas horas, militares patrullan las calles de Río de Janeiro como apoyo a los policías. Pero a partir de ahora, todo el sistema de seguridad estará a cargo del Ejército.

Algunos analistas consideran esta medida política como parte de una posible plataforma electoral del propio Temer para las elecciones del 7 de octubre, mientras que desde la oposición, cuestionaron la decisión.

"Sin votos para aprobar la reforma previsional, el gobierno cambia su agenda y aceptar intervenir en Río de Janeiro. La situación de seguridad es grave pero hay que estar alertas sobre la represión que puede venir contra movimientos sociales y la suspensión de los derechos constitucionales", dijo Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores.

El Ejército ganó un nuevo poder después del Carnaval: el miércoles fue designada esta fuerza armada como coordinadora de los trabajos en el estado de Roraima frente a la crisis del flujo de inmigrantes venezolanos.

Antes del carnaval, la fiscal general, Raquel Dodge, pidió al Supremo Tribunal Federal revisar la Ley de Amnistía de 1979, que impide juzgar por crímenes a los torturadores y asesinos de la dictadura (1964-1985).

En este marco, las escenas de asaltos masivos (arrastos) durante el carnaval contra turistas en barrios de alto nivel adquisitivo como Ipanema y Leblón llevaron al gobernador Pezao a admitir el fracaso de la planificación.

Y, para aumentar dramatismo, el alcalde de Río, Marcelo Crivella, se fue a Europa durante el feriado de Carnaval, en una señal más que da contra la fiesta popular este pastor evangélico de la Iglesia Universal.