Luis Miguel Etchevehere se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la Casa Rosada y ya evalúan el costo de sostenerlo en el ministerio de Agroindustria.

Tras es el escándalo del caso Triaca, que impactó negativamente contra el Gobierno en todas las encuestas, en el entorno de Mauricio Macri son conscientes de los costos políticos que está trayendo mantener a Etchevehere en el cargo.

Sucede que, al polémico bono que tuvo que devolver, anticipado por LPO, se le suma el llamado a indagatoria previsto para el 27 de febrero y 5 de marzo próximo, en la causa por lavado de activos y vaciamiento de El Diario de Paraná que le inició su propia hermana Dolores, en la que se investigan las transferencias de un total de 18 inmuebles propiedad de sociedades de la familia.

Incluso, en el Ejecutivo se habla de mantenerlo en el cargo hasta la exposición de La Rural, que se realizará en el predio de Palermo el 30 de julio. Luego de su salida, incluso se habla de degradar el ministerio a secretaría. Pero la fecha quedará muy lejana si al ministro lo procesan por esa causa, lo que le significará aún más presión a Macri para sostener a Etchevehere.

Consciente de este contexto, el ministro hizo en las últimas horas una jugada que le permitirá rearmar la estrategia judicial. En ese sentido, sus abogados, sus hermanos y su madre lograron postergar la indagatoria a través de un recurso de apelación del que hizo lugar la jueza Paola Firpo que ahora deberá fijar la nueva fecha.

Ahora, la defensa de Dolores Etchevehere tiene tiempo hasta el 14 para contestar la apelación. "Es una tensión compleja porque se trata de un ministro que está presionando a la Justicia para no ser investigado", dicen los abogados de la hermana del ministro.

Cabe recordar que, por estas mismas causas, el 29 de diciembre pasado la Justicia allanó el domicilio particular del ministro de Agroindustria en el barrio Parque Urquiza de la localidad entrerriana de Paraná con la intención de obtener documentación.

El diario de Etchevehere.

Télam

Por otra parte, este miércoles el abogado Leonardo Martínez Herrero ratificó su denuncia por el bono de $ 500 mil que Etchevehere cobró de la Sociedad Rural (SRA). La presentación se llevó a cabo en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 5 y apunta contra el funcionario por "cohecho activo, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta".

La denuncia fue presentada a fines de diciembre, días después de conocerse el cobro de medio millón por parte del ministro. Una vez terminada la feria judicial, y a partir de la ratificación de la denuncia, la causa quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

"El ministro deberá indicar la fecha en que recibió el dinero y, en caso de haberlo devuelto, la forma de esa restitución. Es de interés citar a los directores de la SRA que intervinieron en el acta, tanto los que votaron a favor como en contra", dice la denuncia.

Por su parte, también se espera el dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Laura Alonso que debe determinar si Etchevehere violó la Ley de Ética Pública o si, más grave aún, cometió el delito de "dádivas" penado en el Código.

"El análisis de la OA continúa porque estamos obligados a emitir siempre la opinión técnica para informar al ciudadano y al funcionario sobre si esa situación que existió estuvo reñida o no con la Ley de Ética Pública", señalaron desde el entorno de Alonso.