La Policía Bonaerense detuvo esta madrugada a toda la cúpula de la Uocra de Bahía Blanca, otro de los gremios apuntados por María Eugenia Vidal, como reveló LPO. La Justicia los acusa de asociación ilícita y extorsión, y les atribuye mecanismos de apriete similares a los del platense Juan Pablo "Pata" Medina.

Al menos 10 dirigentes de la seccional bahiense fueron unos 20 allanamientos realizados en esa ciudad, Coronel Suárez y Monte Hermoso. En esta última localidad encontraron al jefe de la seccional, Humberto Monteros, a quien le secuestraron 5.252.000 millones de pesos y unos 100 mil dólares, además de dosis de cocaína, un pistolón doble caño, una pistola calibre 9 milímetros y una máquina de contar dinero.

En los demás allanamientos, los efectivos de la Policía Bonaerense incautaron más de 100 mil pesos, 19 mil dólares, una moto con pedido de secuestro activo, nueve plantas de marihuana, telefonía celular. Además, realizaron requisas en las empresas "Aqua servicios integrados baños", "SGT" Y "Flor de Lirio".

La plata que le secuestraron a Monteros

El interés de Vidal en lograr la detención de los sindicalistas bahienses quedó de manifiesto en que el operativo de esta madrugada estuvo encabezado en persona por el jefe de la Policía Bonaerense, Fabian Perroni.

También fue detenido el ex secretario adjunto del gremio, José Burgos, quien había sido señalado directamente por la gobernadora bonaerense. En una visita a Bahía, Vidal denunció la paralización de varias obras y habló de una "intervención mafiosa" de Burgos, al que acusó de obligar a los empresarios "a contratar proveedores de comida, transporte y equipamiento".

Poco después de la advertencia de Vidal la cúpula de la Uocra bahiense había presentado la renuncia (aunque mantenía el control del gremio), alegando una "desmedida y desmesurada avanzada" en su contra por parte del Gobierno provincial y la Justicia, que ya le había abierto una causa de oficio.

"Esta gente tenía el mismo modus operandi que Juan el 'Pata' Medina. Se investigan entre 30 y 50 hechos extorsivos a empresarios de la construcción, sumado a que en todas las obras se pretendía obligar a contratar a ciertas empresas de limpieza o de catering, pertenecientes a los allegados de la cúpula sindical", explicó el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand. 

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, quien inició la investigación de oficio, explicó el modus operandi que les atribuyen a los sindicalistas. "Hablamos de asociación ilícita porque no se trató de un hecho aislado. Era un grupo de personas que estaban dirigidas por Monteros y Burgos. Tenían un modo de operar que era delictivo, por el cual coaccionaban y extorsionaban a empresarios de la construcción a abonarle dinero o a contratar empresas vinculadas a ellos mismos, con sobreprecios que dejaban ganancias inusitadas, bajo apercibimiento de paralizarles las obras, hacer asambleas o piquetes", declaró en diálogo con FM La Brújula.

"Las demoras en las obras generaban grandes pérdidas, por eso terminaban accediendo a pagar sumas muy importantes en beneficio de estas autoridades sindicales. Eran una banda que usaban como excusas los reclamos de naturaleza sindical. Cuando los empresarios les pagaban personalmente a ellos, esos reclamos dejaban de existir. Se buscaban pretextos para extorsionar", agregó el fiscal. 

La detención de Monteros, Burgos y su entorno se da una semana después de la caída del jefe del Soeme, Marcelo Balcedo, otro gremialista cruzado con el gobierno bonaerense. Además, se concreta apenas 48 horas después de que LPO reveló que Mauricio Macri quiere a más sindicalistas presos antes de volver a la carga con la reforma laboral. 

En la lista lista de supuestos "apuntados" se menciona a Víctor Santa María, Alberto Roberti, Carlos Quintana y alguno de los Moyano. Casualmente este jueves salió a la luz un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) acerca de presuntos negocios entre el gremio Camioneros y empresas de la familia Moyano.