Mauricio Macri brindará el domingo con su consenso fiscal firmado con las provincias en marcha: Diputados la sancionó esta madrugada junto a la ley de responsabilidad fiscal, con la anuencia del bloque de los gobernadores y el rechazo del kirchnerismo.

El Frente para la Victoria-PJ sí aprobó la prórroga del impuesto al cheque por dos años y con destino a Anses. El Senado la sancionará el miércoles junto a la reforma tributaria, donde se promueve eliminar en cinco años este gravamen, considerado distorsivo por el Gobierno pero por ahora fundamental para no incrementar el ya abultado déficit fiscal. 

"En un nuestro Gobierno apoyábamos este impuesto", justificó Axel Kicillof, en una sesión que terminó a las 4 de la mañana y cerró una de las semanas más tensas en mucho tiempo en la Cámara de Diputados.

El acuerdo con los gobernadores fue trabajado por Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne y apunta a controlar el gasto de las provincias y facilitar las condiciones para la inversión.

La responsabilidad fiscal restringe el gasto de las provincias en función de sus ingresos. Sólo podrán tomar empleados al ritmo del crecimiento de su población. Y no gastar más del 15% en deuda. . 

La responsabilidad fiscal fue enviada por Dujovne al Senado en septiembre y contempla una serie de obligaciones para la Nación y las provincias, como ajustar el gasto a la inflación si tienen déficit fiscal. Sólo si logran superávit podrán equiparar sus erogaciones a la curva del PBI.

Restringe el aumento de empleados públicos al de la población y el endeudamiento provincial al 15% de los gastos corrientes. Los gobernadores que no cumplan podrán ser castigados con menos obras públicas nacionales.

El consenso fiscal fue firmado por 23 de las 24 provincias, todas menos San Luis, O sea, subscribió Alicia Kirchner, de Santa Cruz, aunque su sobrino Máximo votó en contra. "El pacto fiscal de 1993 no lo cumplió ninguna provincia y el único que no lo firmó fue Néstor Kirchner", recordó al final de la sesión Agustín Rossi.

"Extorsionaron a los gobernadores para que le den fondos a María Eugenia Vidal. Como no lo lograron se lo sacan a los jubilados", había denunciado Kicillof al inicio del debate. Eran las 2.30 de la mañana y gritaba más de la habitual, para no dormirse.

Se refería a dos aspectos centrales del acuerdo: la eliminación del fondo del conurbano, que recauda 50 mil millones pero por un decreto de 1997 sólo gira a Buenos Aires 650; y la modificación del sistema previsional, finalmente sancionada el lunes.

Télam

Claro que los gobernadores no conocían la letra chica de la ley jubilatoria que el Gobierno enviaría al Congreso y mucho menos el caos social que provocaría en las calles.

De todos modos, el consenso los obliga a revisar los balances de Anses al eliminar las asignaciones específicas que recibía de la recaudación de Ganancias, un viejo reclamo de los gobernadores con cajas jubilatorias propias.

"Nosotros no podemos apoyar el recorte a los jubilados. Debieron buscar otra fuente de financiamiento. Por eso nos vamos a abstener", adelantó el massista Marco Lavagna.

"Se logró un acuerdo sin precedentes, que nos permite seguir en la mejora de la solvencia fiscal, del control del gasto público", había celebrado el macrista Luciano Laspina.

El consenso fiscal elimina el fondo del conurbano, cuya asignación a Buenos Aires era mínima. Vidal recibirá 20 mil millones y Macri resarcirá a sus colegas con obras públicas.

Buenos Aires recibirá además una compensación de 21 mil millones de pesos en 2018 y otros 44 mil en 2019, a cambio de retirar su demanda ante la Corte Suprema.

El kirchnerismo y la izquierda (aun sus representantes de la provincia de Buenos Aires)  definieron como una "extorsión" la gestión de Vidal en el máximo tribunal, con foto junto a Ricardo Lorenzetti incluida.

La Nación le seguirá enviando a las provincias lo que recibían del distorsionado fondo del conurbano, pero deberán invertirlo en obras públicas y renunciar a sus juicios contra el Estado. A cambio, además, se repartirán un bono de 5 mil millones. 

Además, las provincias se comprometen a modificar su sistema tributario con rebajas paulatinas de ingresos brutos, que Dujovne considera dañino para la inversión porque grava todas las etapas de producción. Y reemplazarlo por una mayor presión impositiva a la propiedad. 

Para lograrla, la Nación creará una agencia de revalúo fiscal, que Lavagna consideró riesgosa para el mercado inmobiliario de algunas provincias. 

"El consenso fiscal no es el final de un acuerdo: es el comienzo de la relación federal", cerró Juan Brügge, referente del interbloque de Gobernadores, poco antes de la votación de las últimas leyes del año, ya con un clima distendido, impensado 3 días antes.