En el empresariado argentino crece el temor por el posible impacto de los casos de corrupción que hasta el momento no sacudieron a ningún empresario, una situación que incomoda cada vez más al propio Mauricio Macri.

En el Gobierno señalan que es inevitable la comparación el Lava Jato, el escándalo de corrupción más grande de Brasil. Por ese caso, cayeron no sólo funcionarios del gobierno de la destituida Dilma Roussef, sino del gobierno que la sucedió, dirigentes de todo el arco político y empresarios.

En Argentina, en cambio, empezaron a caer sólo algunos funcionarios del gobierno anterior. No fue enjuiciado ningún empresario, ni funcionario del actual gobierno, así como tampoco enfrentaron problemas en la justicia los peronistas de buen diálogo con el Gobierno. 

Pero acaso lo más llamativo es la situación de detención de ex funcionarios como Julio de Vido o Amado Boudou en etapas tempranas de las investigaciones en su contra, en base al polémico fallo Irurzun, que si se aplicara a todas las causas de corrupción también debería desembocar en las detenciones de los actuales jefe de la Anses, AFI y Aduana; así como de los ministros de Finanzas y Energía, entre otros funcionarios investigados.

Esta dualidad del accionar de la justicia de hecho no pasa desapercibida en el exterior, donde importantes medios como Folha de San Pablo, han dado cuenta de como las acusaciones de corrupción atraviesan a todo el arco político. 

El rumor que aterroriza a los empresarios es que Macri quiere a uno de ellos presos, para dejar claro que lucha contra la corrupción y no que es un proceso direccionado sólo contra el kirchnerismo.

El rumor que aterroriza a los empresarios es el que indica que Macri quiere a uno de ellos preso para sentar un precedente de verdadera lucha contra la corrupción y no de un proceso direccionado únicamente contra el kirchnerismo. En el Gobierno recuerdan que el presidente le había pedido a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, que quería a un ministro propio entre las rejas para hacer historia.

Es por eso que en el empresariado ahora no saben desde dónde puede venir la bala y han comenzado una peligrosa mancha venenosa, donde por lo bajo sugieren quien es la mejor víctima propiciatoria, para calmar al poder político. 

En ese sentido cayó muy oportuna la posibilidad de que Alejandro Vanderbroele, el supuesto testaferro de Amado Boudou que ahora pidió declarar como testigo protegido, involucre en el caso Ciccone a Jorge Brito, el banquero más importante del país. Macri arrastra una mala relación con Brito, a quien le reprocha su apoyo a Massa en las últimas elecciones presidenciales.

Pero también hay temor entre los empresarios de obra pública ante la posibilidad de que De Vido se anime a contar todo lo que sabe desde la cárcel. Es que los empresarios de obra pública que hicieron fortuna en los largos doce años del kirchnerismo, son los mismos que los siguen haciendo con Macri.

Sin ir más lejos, en la lista que difundió el Gobierno anterior sobre los principales contratistas de obra pública, Lázaro Báez figura en el puesto 36 y está preso. "Es poco serio que la corrupción estructural del kirchnerismo se haya salteado los primeros 35 grandes contratistas, para concentrarse en el 36 y de ahí para abajo regrese la honestidad total", afirmó con ironía a LPO un destacado operador empresario al tanto de las tensiones.

Ministerio de Producción

El otro temor que tienen los empresarios es que el que hable sea Marcelo Odebrecht, el empresario brasileño que está preso por el Lava Jato y la semana pasada declaró que aportó para la campaña de la peruana Keiko Fujimori en 2011 y también complicó al ex presidente Alan García y al actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Pero lo que más preocupó a los empresarios locales es que Marcelo Odebrecht no sólo involucró a Keiko, sino que dejó expuestos en el entramado de coimas a sus socios locales, algo que podría replicarse aquí, donde realizó y realiza importantes obras con empresas argentinas.