La crisis del petróleo anotó esta semana dos nuevos capítulos. Por un lado, con la negativa de las bases del sindicato de petroleros privadas, que conduce el senador Guillermo Pereyra a atenerse al nuevo convenio colectivo de trabajo. Y por otro, con la pulseada de las empresas y el gobierno de Chubut por las regalías petroleras.

Respecto del primero, esta semana los delegados de la empresa Quintana resolvieron frenar dos unidades de perforación asignados a la explotación de tight gas de YPF. Y no bastó ni con el llamado a conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo ni el llamado a retomar las tareas por parte del sindicato para revertir la medida adoptada en rechazo por la disposición de la nueva normativa que establece que los equipos deberán operarse con 3 operarios y no 4, como tradicionalmente se hacía.

La negativa de los trabajadores de base a aceptar los términos acordados por la cúpula sindical en el nuevo convenio colectivo de trabajo para yacimientos no convencionales en la cuenca neuquina es una novedad que jaquea el caso emblema de la reforma laboral sector por sector que propugna Macri para lograr mejorar la competitividad.

YPF está determinada a hacer cumplir el nuevo convenio colectivo, por lo que bajó la directiva a sus sobcontratadas como Quintana, una empresa de equipos de torre, de dejar de pagar el cuarto trabajador. La respuesta de los trabajadores fue la detención de la maquinaria, en lo que abre otro apartado en el conflicto: las competidoras de Quintana siguen trabajando con cuatro operarios, lo que entienden les impide ahorrarse 25% del costo laboral, según explicó el portal EconoJournal.

Por ende, la petrolera de bandera se enfrenta hoy a un escenario inédito: está intentando implementar un convenio aprobado hace ocho meses.

Eso no es todo, en Chubut, donde el petróleo tiene un menor precio y las condiciones de rentabilidad no se equiparan a las de la cuenca neuquina, se anunció el despido de 1.500 operarios de distintas áreas cuyas tareas estaban pactadas hasta noviembre. Para sostener las operaciones, las empresas reclaman bajar otros costos, en particular las regalías petroleras.

Pero Das Neves no está en condiciones de desfinanciar la provincia y de otorgar incentivos como los que la Nación ha otorgado con mejores precios para otras áreas. Por lo que las empresas eligieron relocalizarse en línea con la política de incentivos de Juan José Aranguren, el Ministro de Energía.

Ante esta situación, el sindicato de petroleros de Chubut que encabeza Jorge Ávila considera que la última opción es recurrir al empresario petrolero más afianzado y entendido en la región, Marcos Bulgheroni, como interlocutor frente al Gobierno de la situación crítica que atraviesa la producción petrolera.