El desembarco de Farmacity en la provincia de Buenos Aires quedará en manos de los jueces de la Corte Suprema. Al menos por ahora, María Eugenia Vidal no bajó ninguna orden hacia ministros y legisladores respecto de qué hacer con el tema. "Es un tema tabú y piantavotos", dicen desde Cambiemos.

La estrategia de Farmacity por instalarse en territorio bonaerense encontró un fuerte escollo en la ley permite empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro (mutuales) pero frena las Sociedades Anónimas, tal el caso de la empresa que fundó el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana y de la que sigue siendo accionista.

Farmacity intentó impugnar esta ley por inconstitucional, en una pelea que viene perdiendo y que llegó a la Corte Suprema, donde hasta ahora no había mayor interés en tratar. Pero según reveló este domingo Perfil, ahora el máximo tribunal pidió hace dos semanas el expediente para definir si toma el caso. 

Se trata de un caso políticamente "tóxico" para el máximo tribunal porque la empresa tiene como accionista al actual vicejefe de Gabinete, que además suele ser un interlocutor habitual de la Casa Rosada con la Corte en los asuntos del poder, más allá del día que día que lleva el ministro de Justicia, Germán Garavano. Con un agravante: El actual juez Carlos Rozenkrantz -nombrado por Macri- fue abogada de la cadena de farmacias.

En La Plata, ni ministros ni legisladores tienen precisiones sobre el tema. Fuentes de la Legislatura aseguran que desde el Ejecutivo no solicitaron ningún proyecto que modifique la legislación actual para darle luz verde a la empresa de Quintana.

En el entorno del ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, aseguran no tener una política concreta sobre el tema, pero el nuevo presidente del Pami, Sergio Cassinotti, cercano a Vidal, es favorable a la cadena que fundó Quintana.

En tanto, desde el entorno del ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, también aseguran no tener una política concreta sobre el tema. Scarsi asumió hace dos meses y heredó la polémica de la gestión de Zulma Ortíz (que había llegado al gobierno por recomendación de Quintana). Por ahora el nuevo ministro no se pronunció sobre el tema.

Sin embargo, el nuevo presidente del Pami, Sergio Cassinotti, cercano a Vidal, es favorable a la cadena que fundó Quintana. Cassinotti viene del Ioma bonaerense y llegó a su nuevo cargo tras un durísimo conflicto entre el vicejefe de Gabinete y el anterior director de la obra social de los jubilados, Carlos Regazzoni, a quien acusaba de ser funcional a los laboratorios, sus eternos enemigos. Esa es la pelea de fondo.

Los laboratorios no quieren que Farmacity siga concentrando cuotas de mercado, porque creen que tendría así el poder para imponerles fuertes rebajas. El líder de la pelea contra la cadena es Roemmers.

Por eso, este sábado el colegio de Farmacéuticos de la provincia -aliado d elos laboratorios. salió a cruzar la posibilidad de que el tema sea tratado por la Corte Nacional. "Históricamente la salud fue competencia de las provincias. Nos sorprende que la Corte no haya rechazado el planteo. Esto es una avallasamiento hacia la provincia de Buenos Aires", dijo María Isabel Reynoso titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

Quintana junto a Macri en una reciente reunión de Gabinete.

Presidencia

Reynoso también cargó contra Quintana y recordó que en 2012, cuando se inicia la acción judicial de la empresa él era CEO de Farmacity y que hoy es accionista de la empresa, denunciando que ahora con el poder de ser un funcionario clave del gobierno podría empujar un fallo favorable de la Corte.

En su momento, los tribunales bonaerenses de primera instancia, apelaciones e incluso la Suprema Corte Provincial rechazaron la instalación porque no respeta la ley vigente. Pero el temor de los farmacéuticos y los laboratorios  es que ahora la pelea se traslada al ámbito federal.

Sin embargo, no habría que minimizar el poder de lobby de los laboratorios que lidera Roemmers que hasta ahora ha sido muy efectivo y que también tienen relación directa con Macri y llegada a la Corte Suprema.

Desde Farmacity explicaron a LPO que la decisión de la Justicia bonaerense "vulnera principios constitucionales básicos". Además, desde la empresa cuestionan que "una ley provincial de inferior jerarquía, viola normas nacionales que legislan sobre la propiedad de las farmacias".

Según explican, la negativa de los tribunales de la provincia "atenta contra la libre competencia y la prestación de un servicio esencial y del acceso a los medicamentos por parte de la población".