Juan José Aranguren y Sergio Bergman casi ni se movieron en las dos jornadas de audiencia pública sobre el impacto ambiental de las represas de Santa Cruz, exigidas por la Corte Suprema para retomar las obras.

Y según pudo saber LPO quedaron más que conformes, porque consideran que las denuncias sobre contaminación fueron saldadas de sobra y se lo harán saber a la jueza en lo contencioso Macarena Marra Giménez, quien frenó el megaproyecto en un fallo ratificado por el máximo tribunal. 

En respuesta, Bergman elaboró el informe de impacto ambiental y Aranguren retocó el diseño de obra, pero según los funcionarios y los legisladores que participaron de la audiencia, la mayoría de las ONGs ignoraron todo eso en la audiencia.

La principal fue bajar de 11 a 8 las turbinas, con menos cota y menos embalse, lo que implicó un ahorró de 1.300 millones de dólares y, sobre todo, cumplió con el reclamo de proteger el lago perito moreno.

"Con estos cambios cuando haya rebalse no se tocará el lago. Ya hubo un pronunciamiento del IANIGLA (El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y ni lo tomaron en cuenta", se indignaron en el Gobierno, ante la habitual intransigencia de los ambientalistas. 

El otro reclamo era la extinción del ave maca tobiano, presuntamente, por la eliminación de estuario donde se alojan.

"Quedó claro que es un planteo absurdo. Hasta hubo ambientalistas que recordaron que un estuario está compuesto en un 97% por agua de mar, o sea, las aves ambientes similares de sobra", recordó la diputada radical Sandra Giménez, a cargo de coordinar la audiencia.

Para dejar a las ONGs conformes, el Gobierno dispondrá de 400 millones de dólares para mitigar el daño ambiental, 100 de ellos en la primera etapa.

Parte de esa inversión será para hacer un estudio sobre las causales de la extinción en todo el mundo del ave maca tobiano.

Otra crítica es sobre la necesidad de invertir en energía hidroeléctrica y no otras alternativas, como la eólica.

"En Mendoza está lleno de represas y nunca tuvimos conflicto. Esta es la primera que se hace con la Constitución de 1994, que protege los suelos", insistió Giménez, pero admitió que la principal razón para no frenar la obra es que está licitada, con financiamiento y hasta una cuota paga. 

No es un proyecto más: terminadas, las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic generarían entre el 3% (1.310 MW) y hasta el 10% de la energía del sistema nacional, además de cambiar para siempre la historia de Santa Cruz, que nunca pudo industrializar nada, según confesó Cristina Kirchner en su única entrevista del año.

Fue la ex presidenta quien licitó las obras y se la adjudicó a una UTE integrada por la empresa china Gezhouba y Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, cercano a Carlos Zannini. Un Banco chino financiará el 85% del proyecto, tasado en 4.730 millones de dólares. 

Macri no se interesó en reactivarlas el año pasado, pero como explicó LPO, durante la última gira a Asia, el presidente de China, Xi Jiniping, le aclaró que rompía relaciones si paraba los obradores en Santa Cruz. 

El presidente lo entendió rápido, pidió acelerar el informe ambiental ni bien aterrizó, le pusieron fecha a la audiencia y en septiembre, si no aparece otro fallo inesperado, las obras se retomarían.

Esta semana los ministros esperan el informe de las comisiones de Medio Ambiente y de Energía del Senado y Diputados, que serán más de uno: Fernando "Pino" Solanas presentará uno diferente al del neuquino Guillermo Pereyra, que mañana se instala a escribir en su despacho.

A Solanas no le agradó la intervención de Evsa, la consultora contratada originalmente por Aranguren para medir el impacto ambiental.

De Vido aún no habló con sus pares, pero fue uno de los defensores de las obras en la audiencia. Pero como estas semana Diputados se reunirá para definir su destitución, sus compañeros de la Comisión de Energía mañana se verán, informalmente, y sin él. 

La reunión la coordinará el neuquino Adrián San Martín, ladero de Pereyra, pero capaz de votar en contra del ex ministro en la sesión del miércoles. Difícil que consigan acordar algo por las represas. 

Recién este lunes, los ministros decidieron no responder el informe de la bicameral sino utilizarlo como materia prima para su respuesta judicial. Hay tiempo hasta fines de agosto. Y creen que alcanza.