La aprobación de un proyecto para cobrar un impuesto a los Bingos bonaerenses fue uno de los condicionamientos de Sergio Massa para apoyar el endeudamiento que solicitaba María Eugenia Vidal. La iniciativa -que se convirtió en ley en febrero y se celebró como "histórica"- hoy no se implementa porque la traba el lobby de los grandes operadores del juego, mientras otros sectores hacen la vista gorda.

Como explicaron a LPO, la ley implica cobrar entradas a los Bingos a través de un impuesto de 20 pesos por persona que deben ser distribuidos en un 50% para los municipios donde estén radicados y el 50% restante para el Gobierno provincial. Además, un porcentaje de los fondos debe ser afectado a la lucha contra la ludopatía.

En rigor, de cada 10 pesos que se queda la intendencia, 5 deben destinarse a aquellas campañas para prevenir la adicción. No sólo a través de publicidad, sino con acciones concretas en los municipios. 

Por eso, la instrumentación de la ley necesita de un convenio entre Lotería de la Provincia, manejada por Matías Lanusse, con cada una de los municipios donde haya salas de Bingo para instrumentar el sistema de cobros. Hasta ahora no hubo avances: Lotería no garantizó el cumplimiento de la norma y, mientras tanto, los intendentes miran para el costado. 

Según supo LPO, la traba se debe en gran parte a la española Codere, una de las empresas líderes del juego privado en el país, que centra su actividad en provincia de Buenos Aires. Opera terminales de juego y salas de bingo, con sucursales en Lomas de Zamora, Lanús, San Miguel, San Martín, La Matanza, Morón, La Plata, Mar del Plata. 

Codere cree que se verá menguada su actividad con el cobro de la entrada y -según fuentes bonaerenses relacionadas al juego- dicen que la multinacional está operando fuerte para que no haya avances.

El dato no es menor: si se tienen en cuenta los 32 municipios -que en total tienen unas 46 salas de Bingo- la sumatoria da como resultado que actualmente no se están cobrando recursos que se estiman en 80 millones de pesos mensuales.

 José Antonio Martínez Sampedro, el dueño de la multinacional Codere

"Actualmente en ningún Bingo se cobra entrada, la gente entra y sale sin pagar. Si cobrás una entrada, operadores como Codere creen que verán menguada su actividad. Por eso, la multinacional está haciendo un lobby impresionante para que esto no se cumpla", contaron a LPO. Además de la eventual "pérdida" por el cobro de entradas, Codere se vería perjudicada también por los 200 millones por año que deberán ser destinados a campañas para prevenir la ludopatía en los municipios donde se juega.

Los intendentes también hacen la vista gorda. Por primera vez en la Argentina, los municipios tienen la potestad de cobrar un impuesto al juego, pero los jefes comunales no están presionando para recibir esas sumas.

La ley indica que los Bingos deben cobrar entrada y delegar tanto el control como la fiscalización a los municipios, mientras que designa a la Lotería de Buenos Aires como autoridad de aplicación. Por eso, para que empiece a implementarse, Lotería y los municipios deben firmar un convenio, que todavía no se hizo. Ni siquiera San Fernando, Chivilcoy o Necochea que responden al massismo que agitó la ley.

Uno de los argumentos para explicar la demora en la implementación de la ley es que Lotería aún no resuelve como asegurarse de que los intendentes de otro signo político no "falseen" los números de la cantidad de ingresos a los Bingos. 

Dicen que deben lograr un sistema homologado técnica y administrativamente y que Lotería ya hizo consultas administrativas y legales con los organismos para ver cómo llevar a cabo en la práctica este convenio con los municipios.

Recientemente, autoridades de Lotería se reunieron con intendentes de Cambiemos y algunos vecinalistas para hablar del tema. Luego hubo otra reunión con algunos del FPV del conurbano, donde están las salas más grandes: San Martin, Lomas de Zamora, Almirante Brown. La semana pasada hubo otra en el municipio massista de San Fernando. Hasta ahora, no hay ningún municipio en el que se implemente la ley.