El Gobierno impulsará la suspensión de Julio De Vido como diputado por "inhabilidad moral", a través de un proyecto de ley que comenzará a tratarse la próxima semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.

Lo definieron esta tarde el jefe del interbloque Cambiemos Mario Negri y Elisa Carrió, conocida la demora del juez Luis Rodríguez para considerar el desafuero y pedido de detención a De Vido que le envió el fiscal Carlos Stornelli.

Tomarán un proyecto del radical santacruceño Eduardo Costa, que cita como antecedente la expulsión del ex diputado catamarqueño Ángel Luque, por sus declaraciones sobre la muerte de María Soledad Morales.

"Si la hubiera matado mi hijo no habría aparecido el cadáver", se animó a decir Luque y sus pares lo echaron de la Cámara sin mediar pedido de la justicia.

Costa (casado con Mariana Zuvic, mano derecha de Carrió) quiere hacer lo mismo con De Vido por acumular 130 causas penales, ser imputado en 26 y procesado en dos.

Carrió y su protegido Fernando Sánchez, quien se sumará al Gabinete en diciembre pero ya tiene línea directa con Marcos Peña y Mario Quintana, buscarán exponer a cualquier diputado capaz de proteger a De Vido en el recinto, donde serán necesarios dos tercios de los presentes para echarlo.

El ex ministro sólo puede evitar su partida con el respaldo de los 70 diputados del Frente para la Victoria-PJ y 15 de otras fuerzas. Esta semana, conocido su pedido de detención, no ningún colega de otra fuerza lo respaldo.

En Cambiemos aclaran que será diferente si piden su destitución, porque si bien Graciela Camaño anticipó que el massismo aceptaría el desafuero de De Vido "si lo pide el juez", distinto será expulsarlo sin que un juez lo pida.

También evaluarán la conducta del bloque justicialista, presidido por el sindicalista Oscar Romero pero referenciado en gobernadores peronistas, como Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca) y Juan Manuel Urtubey (Salta).

Como explicó LPO, los mandatarios del PJ no están entusiasmados con encarcelar a un ex funcionario de su fuerza y se lo hicieron saber a Javier Fernández, auditor general y nexo entre los jueces federales y el poder permanente. Tal vez deban frenar ese proceso en el recinto.