El fiscal federal Carlos Stornelli pidió el llamado a indagatoria, desafuero, y detención del diputado nacional y ex ministro kirchnerista Julio De Vido por supuesto fraude y malversación de 26.000 millones de pesos.

El requerimiento del funcionario del Ministerio Público abarcó también a Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en el Ministerio, y otras 19 personas, todos acusados por el proyecto de reflotar el tren "Eva Perón", en la mina de carbón en la localidad santacruceña de Río Turbio.

Stornelli presentó su dictamen al juez federal Luis Rodríguez, que ahora deberá resolver si hace lugar o no al pedido del funcionario del Ministerio Público.

El requerimiento hizo hincapié en la firma entre el Ministerio y la Universidad Tecnológica Nacional con sede en Santa Cruz de más de 400 convenios para la recreación de un ramal ferroviario llamado "Eva Perón" que llevaría a Río Turbio y nunca se concretó.

También señaló la fiscalía que en aquellos acuerdos habrían intervenido la Fundación Regional Santa Cruz, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, la municipalidad de Río Turbio y señaló que deben investigarse las contrataciones de personal destinadas a la usina térmica La lista de llamados a indagatoria, además, alcanza a los ex funcionarios nacionales Jorge Mayoral y Jaime Álvarez -actual ministro de Alicia Kirchner en Santa Cruz-; el ex interventor en YCRT Atanasio Pérez Osuna y los funcionarios Fernando Lisse, Miguel Larregina, y Marta Pérez.

También deben ser citados a declarar, para la fiscalía, l rector de la UTN Héctor Brotto, Martín Goycochea, de UTN-Fundación Regional Santa Cruz, Orlando Taboada, Orlando Pastorio, Claudio Masson y Gustavo Maza.

Y los miembros de la Fundación Regional Santa Cruz Hugo Sánchez, Cristian Funes, Lucas Zemunik, Guillermo Torres, Cintia Pérez, Nadia Márquez, Gustavo Luguercho, Carina Mendoza, y Alexis Philpott.

En noviembre último la Cámara Federal porteña había rechazado un planteo de "nulidad" de uno de los co-imputados con De Vido contra el requerimiento de la fiscalía y, de esa manera, ratificó la continuidad de la causa.

La causa se inició por la denuncia de dos ex gerentes del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, quienes denunciaron la supuesta existencia de un circuito financiero irregular para efectuar pagos por fuera de la normativa y los controles vigentes.

Miguel Larregina y Martha Pérez sostuvieron que el ex interventor de Río Turbio Atanasio Pérez Osuma suscribió una serie de convenios con la UTN de Santa Cruz bajo la forma de "asistencia técnica" o "capacitación de personal". Según la denuncia, a través de esos convenios circularon unos miles de millones de pesos, que habrían sido utilizados para pagar de manera directa a proveedores de Río Turbio, eludiendo controles.