Lava Jato
Advierten que el acuerdo que quiere hacer Laura Alonso con Odebrecht es ilegal
En el gobierno admiten que sólo podrían abrir un expediente, pero la constructora quiere inmunidad.

En la justicia federal creen poco probable que el Gobierno nacional logré resultados positivos en su intento de lograr que Odebrecht le entregue la información sobre las coimas que pagó en Argentina, porque la constructora exige a cambio inmunidad para los implicados y garantía de continuidad de sus negocios en el país, y cualquier promesa o atisbo de negociación por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo garantizando esos términos sería ilegal.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció el lunes que "ante la falta de avances del Ministerio Público Fiscal se convocó a Odebrecht a dar información a la Oficina Anticorrupción sobre los delitos cometidos en el país". Además, se adelantó que el miércoles habrá una reunión de Laura Alonso con directivos de la empresa, a quienes exigirá que entreguen la documentación y los nombres de los implicados.

La jugada además de tratar de ofrecer una respuesta política a las denuncias de Lilita Carrió sobre una protección del Gobierno y la Justicia sobre el ex ministro Julio de Vido, busca marcarle la cancha a los fiscales que siguen el caso y que para la Casa Rosada son muy cercanos a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Garavano explicó que el Gobierno avanza por su cuenta debido a que "la Justicia, por diversas razones y, además, por algunos obstáculos de la Procuración General no ha podido develar la información" de Odebrecht sobre las coimas por 35 millones de dólares que admitió haber pagado en el país. 

En ese sentido hay que leer la jugada del Gobierno de salir a instalar la idea de un acuerdo. Más allá del discurso anti corrupción, la Rosada intenta marcarle la cancha a Gils Carbó y los fiscales que investigan el capítulo argentino del Lava Jato, a quienes responsabilizan por la difusión de los dichos del arrepentido Meirelles contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente Macri.

Es que la posibilidad de un acuerdo del Gobierno con Odebrecht al estilo de los que firmó en Brasil o Estados Unidos no existe. "Lo del gobierno es una fantochada, un acuerdo con el Poder Ejecutivo es ilegal", resumió ante LPO una fuente de la justicia federal.

En EEUU, por ejemplo, el acuerdo se cierra con el Departamento de Justicia, que engloba las funciones que aquí tienen el Ministerio de Justicia y la Procuración General. Es por eso que allí sí el Gobierno es parte de los acuerdos (como sucedió con Odebrecht u otros casos relevantes como el Fifa Gate) y puede ofrecer inmunidad y continuidad de negocios a cambio de multas -que suelen ser multimillonarias- y la confesión y aporte de pruebas de parte de los implicados.

Lorenzetti, Macri y Garavano.

"En Argentina el Poder Ejecutivo no tiene autorización legal para hacer eso, están queriendo hacer lo mismo que en EEUU pero sin respaldo legal", explicaron a este medio desde los tribunales de Comodoro Py. "No hay ninguna ley que habilite al Gobierno a hacer un acuerdo de reducción de penas o de inmunidad. El Ejecutivo no puede arrogarse funciones judiciales, está en la parte pétrea de la Constitución Nacional", agregaron.

Al respecto, la ley del arrepentido, que en octubre del año pasado fue aprobada por el Congreso para incluir delitos de corrupción, contempla que el beneficio sólo puede ser otorgado por el juez y el fiscal de la causa (lo que debe ser luego aprobado en el juicio), y que el Estado sólo puede ofrecer protección a los arrepentidos. Además el perdón máximo de pena es la prevista para el delito en grado de tentativa, que en el caso de asociación ilícita es de cinco años. De manera que aún si lo consiguieran los arrepentidos irían a prisión.

En el Gobierno está hartos que los fiscales, a los que vinculan con Gils Carbó, direccionen el caso Odebrecht hacia Arribas y nunca avancen sobre los ex funcionarios kirchneristas, por eso mandaron a Laura Alonso a presionarlos citando por su cuenta e los empresarios.

Fuentes del Gobierno admitieron a LPO que el acuerdo con Odebrecht es casi imposible porque no pueden garantizar ninguna de las exigencias que los ejecutivos pretenden conseguir antes de aportar la información: inmunidad, protección y continuidad de los negocios. Al menos eso le pidieron a los fiscales y jueces que investigan las causas locales.

La única alternativa es que los empresarios entreguen la información de buena voluntad o en base a algún acuerdo político extraoficial con el Gobierno para no afectar la continuidad de sus contratos de obra pública en el país. Acaso por eso en la OA hicieron trascender que si la firma no entrega la información impulsarán sanciones administrativas "fuertes".

Incluso, las fuentes gubernamentales relativizan la capacidad de acción de la OA si consigue la información de Odebrecht, y sostienen que se limitaría a abrir un expediente administrativo, profundizar la investigación y entregarla a los fiscales. 

Lo que sí lograría el Gobierno en el caso de presentar una denuncia es ser parte de las causas y poder acceder a toda la información del expediente. En la Rosada aseguran que no tienen esa documentación y creen que si lo logran podrán deschavar la supuesta maniobra de los fiscales de solo ventilar la información de los arrepentidos que afecta al macrismo y no avanzar contra los funcionario del kirchnerismo como el ex ministro De Vido, que fue quien en última instancia dio a la constructora contratos por miles de millones de dólares, que hasta ahora en su mayoría, Macri ha decidido mantener.

Como sea, no sólo el Gobierno está complicado para llegar a un acuerdo. En la justicia federal creen que Odebrecht no terminará aportando nada porque la ley del arrepentido local no contempla la eximición de prisión que piden y ni siquiera garantiza el recorte de las penas, si no es aprobado en el juicio. Es por eso que muchos en Comodoro Py recuerdan que en su visita a Argentina, el juez Sergio Moro explicó a funcionarios y jueces que no alcanzaba con la ley del arrepentido y que Argentina necesita una reforma completa del sistema de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

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El ejecutivo no tiene autoridad, en tanto el legislativo y el judicial se hacen bien los dolobus!!!