Docentes, jubilados y trabajadores públicos de Santa Cruz se acercaron en la noche del viernes a la residencia oficial de Alicia Kirchner en Río Gallegos para protestar por la deuda de los salarios de Marzo y fueron reprimidos por gases lacrimógenos y balas de goma, en momentos en que Cristina Kirchner se encontraba junto a la gobernadora. 

"Querer entrar a tu casa me parece una barbaridad. Quieren mi cabeza para la campaña electoral nacional", justificó la represión este sábado la gobernadora, en diálogo con radio 10. 

Aunque se negó a hablar de represión dijo que "lo que han hecho fue un ataque porque querían entrar a la vivienda".

La protesta se inició pasadas las 21, cuando circuló un mensaje en las redes sociales de la presencia de Cristina, desde donde denunció un ajuste para después de las elecciones. 

"Éramos cinco mujeres con un bebé de 18 meses", tuiteó esta mañana la ex presidenta, junto a una nota con el descargo de su cuñada. 

El presidente Macri también se sumó esta mañana al repudio al escrache al que calificó como "muy grave" y avaló la decisión de reprimir a docentes y estatales.

El kirchnerismo aprovechó el episodio para denunciar un intento de ahogo financiero de Santa Cruz por parte del gobierno nacional. Afirmaron que se le cortó toda la obra pública y el acceso al crédito internacional, que por otro lado es la muletilla permanente de denuncia a Macri por su endeudamiento del país.

Las críticas obviaron mencionar que la familia Kirchner gobierna -directa o indirectamente- hace más de dos décadas ininterrumpidas Santa Cruz y durante los doce años de Cristina y Néstor en la Casa Rosada, fue una de las provincias más beneficiadas por la ayuda nacional. 

La represión

Todo comenzó cuando los manifestantes se acercaron para pegar carteles en las rejas de la residencia de la gobernadora, en los que básicamente reclamaban por los salarios adeudados. Esa manifestación etsuvo acompañada de cacerolazos y bombos  y tras unas horas lograron sortear la reja sobre la calle Alcorta, además de encender fuego en las esquinas de Piedra Buena y Teófilo de Loqui.

La tensión llegó a las 23, cuando se hicieron presentes efectivos de Infantería y Bomberos y los manifestantes advirtieron las presencias del ministro de Gobierno, Fernando Basanta y del subsecretario del área, Lisandro de la Torre, adentro de la Jefatura de Policía, ubicada frente a la residencia oficial.

Dirigentes de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) presentes en el lugar ingresaron al edificio de la Jefatura para dialogar con los funcionarios provinciales, a quienes pidieron que fuera retirada la Infantería, para evitar enfrentamientos con los manifestantes.

"Terminaron entendiendo y retiraron a la Infantería, que enerva a los manifestantes muy lejos de tranquilizarlos", dijo a la agencia oficial Télam Ezequiel Alós, titular de la filial Río Gallegos, luego de un enérgico cruce que mantuvieron con los funcionarios, junto con el secretario adjunto de la Adosac provincial, Diego Barrionuevo.

Barrionuevo lamentó que ante la manifestación "la respuesta del ministro de Gobierno sea que acá estamos porque nos pone (Eduardo) Costa", en referencia al diputado nacional y líder de la oposición de Cambiemos en Santa Cruz.

"Son observaciones muy por afuera del nivel que debería tener un funcionario público, sin ninguna actitud conciliadora", agregó Alós.

"Es lamentable la postura de los funcionarios del gobierno que no pueden observar la realidad, que no pueden entender que si la gente está acá manifestándose es porque al día de hoy no ha cobrado el sueldo, lo que es sumamente grave y claramente estamos reclamando que den la cara", subrayó el dirigente.

Una situación similar se produjo hace 18 días, cuando la gobernadora logró salir de la Casa de Gobierno de madrugada, luego de que manifestantes bloquearan la puerta del edificio durante varias horas por el pago de los sueldos de febrero.

La gobernadora había explicado horas antes en conferencia de prensa que la provincia está "quebrada" y que necesita una refinanciación de la deuda provincial por parte del gobierno nacional para hacer frente al pago de los sueldos.