Julio Cobos volvió a sorprender al Gobierno de Mauricio Macri y primereó con un proyecto de ley para evitar los conflictos de interés, pese a que el Presidente habían anunciado que lo haría por decreto para salir del entuerto en que se metió con los casos del Correo y Avianca.

El senador radical presentó un texto que establece un marco regulatorio que incorpora controles que alcanzan al presidente y vicepresidente; al jefe de gabinete; ministros, secretarios y legisladores y a todos los abarcados en la Ley de Ética Pública.

Cobos explicó que "el proyecto surge de la necesidad de prevenir el conflicto de intereses en la gestión de los funcionarios y trasparentar la toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones para preservando el interés general".

El 1 de marzo Macri anunció en el Congreso, al inaugurar las sesiones ordinarias, que serán publicados "dos decretos" contra los "conflictos de intereses". La decisión fue en respuesta al escándalo producido por el acuerdo que licuaba la deuda con el Estado que arrastra Correo Argentino SA desde que estaba concesionada por el grupo empresario de su familia y por la entrega de rutas a Avianca, vinculada a la familia presidencial.

Pero esa medida hasta el momento no se concretó debido a las internas que hay en el propio gobierno, como reveló LPO. Fuentes del Ejecutivo dijeron días atrás a este medio que los decretos se demorarán al menos hasta fin de marzo.

Es que el Presidente encomendó esa tarea a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pero el borrador no le gustó a los cerebros legales del Gobierno: José Torello, Pablo Clusellas y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. Es que algunos de los funcionarios que acompañan a Macri desde hace décadas están involucrados como el presidente en los posibles conflictos de intereses que el Gobierno ahora intenta desterrar.

El proyecto de Cobos para que la nueva regulación salga por ley y no decreto había sido un reclamo de la oposición, que acusa a Macri de querer evitar el Congreso y le recordó en la apertura de sesiones que existe un capítulo entero en la ley de ética pública referido al conflicto de intereses de los funcionarios.  

En un comunicado de prensa, Cobos indicó que el proyecto "incorpora la figura de la Oficina de Conflicto de Intereses como organismo responsable y autárquico para llevar adelante el análisis, seguimiento, investigación y recomendación de las infracciones y sanciones que correspondan".

A su vez, en la propuesta apuntó que se incluye un registro de actividades en conflicto "con el fin de detectar de manera temprana los posibles conflictos que puedan surgir en el desempeño de la gestión" y que "se establece el seguimiento de las declaraciones juradas presentadas por parte de los funcionarios al principio y al final de la gestión".

Cobos manifestó que "los ciudadanos esperan que las autoridades cumplan sus funciones públicas de manera íntegra, justa e imparcial. Quienes estamos en la función pública debemos responder a esa demanda social, cumpliendo en todo momento las normas profesionales más estrictas, infundiendo confianza a través del uso de las buenas prácticas y el ejemplo".

Por ello, el ex Vicepresidente sostuvo que la que se presenta "es una buena oportunidad para generar nuevos instrumentos que fortalezcan el sistema democrático y garanticen el funcionamiento de las instituciones que lo sostienen".