El Boletín Oficial publicó la reglamentación del régimen de contratos de Participación Público-Privada (PPP), una ley que el Gobierno esperaba tener aprobada en agosto antes del mini Davos para poder lograr más financiamiento y que, no obstante, consiguió ver la luz recién a mediados de noviembre.

Con esta ley, el Gobierno aspira a conseguir al menos 40.000 millones de dólares del sector privado con los que financiar el ambicioso plan de obra pública de Macri conjugados con más aportes del sector público.

A partir de la ley de PPP, el sector privado gana agilidad en la implementación de las obras porque limita ciertos riesgos que encarecen las obras por incumplimientos de parte de su socio el Estado: ya el Gobierno no puede corregir unilateralmente contratos, suspender pagos o rescindir contratos. Una vez que el Estado diseña, licita, firma y contrata, se atiene a pagar mientras el privado construye. Por eso era tan esperada por el sector privado.