El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quedó en el ojo de la tormenta por el escándalo de la deuda de 70 mil millones de pesos que el Gobierno de Mauricio Macri le perdonaría al ex Correo Argentino, concesionado por Franco Macri hasta 2003, como denunció una fiscal.
Es que fue Aguad quien designó al funcionario encargado de cerrar el "acuerdo", que según la fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, es "abusiva" porque a 2033 (cuando la empresa terminaría de pagar la deuda) implicaría una quita de unos 70 mil millones de pesos.
Se trata del director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien se presentó en la audiencia del 28 de junio pasado como el representante del Estado nacional y terminó aceptando la propuesta, que según la fiscal "implica una quita velada del orden del 98,82%".
La fiscal puso el ojo en Mocoroa en su dictamen. Boquín consideró que el consentimiento a la propuesta de la empresa fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo, en virtud de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir en nombre del Estado Nacional”.
Boquín señaló que Mocoroa tenía una designación como Director General de Asuntos Jurídicos de carácter transitorio, por 180 días, y no contaba con una autorización de la Procuración del Tesoro para firmar semejante acuerdo. En su dictamen, sostiene que el funcionario no acreditó "de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso".
"Pudiendo resultar que familiares del presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie", apuntó la fiscal.
"La propuesta fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional", por lo que debió haber mediado una "opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública", agrega Boquin.
Ante esta situación, la fiscal Boquín solicitó que se libre un oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, para que determine si amerita una denuncia contra Mocoroa y su superior Aguad.
Como viene sucediendo cada vez que está en juego algún tema vinculado a Macri la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso no considera necesario intervenir o directamente lo justifica en los medios, sin mayor trámite.
La defensa de Mocoroa
El funcionario que responde a Aguad fue el encargado de salir a defender este jueves en los medios la posición del Gobierno nacional -aunque sus palabras se parecieron bastante a la de los abogados de la empresa- y negó que haya una quita que beneficie a los Macri.
"No existe ninguna condonación. Para que exista una condonación lo que tiene que haber es una quita de parte del acreedor al deudor, pero nosotros no le hemos quitado absolutamente nada a la acreencia, por el contrario la empresa le va a pagar al Estado nacional el 100 por ciento del capital verificado. Sobre eso es que se podría haber hecho una quita", indicó Mocoroa en diálogo con radio Rivadavia.
El funcionario defendió que no se cobren intereses y también que no se considere la deuda en relación al valor del dólar del año 2001 cuando se inició el proceso concursal. "La verificación de la deuda fue en pesos, no tiene ningún vínculo con el dólar. La deuda era en pesos, es absolutamente incorrecto hacer un parangón con el dólar", señaló.
Mocoroa cuestionó a la fiscal por computar los intereses desde el año 2001 y sostuvo que "la presentación del concurso lo que hace es congelar el cómputo de los intereses" y recién se generan a partir del acuerdo. "Logramos que la empresa se obligue a pagar 600 millones de pesos", festejó, aunque sin explicar cómo se llega a esa cifra.
"El monto al que arriba la fiscal es ficticio, no lo puedo evaluar porque no tiene ningún sentido", añadió el funcionario del Ministerio de Comunicaciones, que apuntó a Boquín porque no estuvo en la audiencia en la que se selló al acuerdo.
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#1 la deuda verificada a 2003 es $296 millones
#2 Por Ley de quiebras no corren intereses hasta homologación de convenio. Por Ley Convertibilidad no corre tampoco ajuste por inflación
#3 Por lo tanto a la fecha de homologación del convenio (2017) siguen debiendo 296 millones, Ergo la quita no puede ser ni 4.000 ni 70.000
#4 correo ofrece pagar en cómodas cuotas el 100% del capital, pero como ajusta cuotas con interés bajo, termina licuando 72% de la deuda
#5 La licuación del Valor Presente de los pagos que ofrece el correo es de $214 millones de pesos
#6 Si el Estado hubiera cobrado 100% de la deuda del correo en 2003, ello hubiera equivalido a $3818 millones de pesos de hoy
#7 De manera que más del 90% de la pérdida patrimonial del Estado por la deuda del correo es por culpa de haber dilatado 14 años el acuerdo
#8 Es importante entender que por la Ley de Quiebras cualquier deudor siempre licua la deuda si posterga el acuerdo
#9 Ignorar la imposibilidad legal de cargar intereses hasta homologación y expresar la deuda en moneda del 2033 es un grosero error
#10 por eso lo de 70000 millones del 2033 es un disparate. Lo correcto es expresar toda la deuda a valor presente. En moneda actual
Por Martin Tetaz
Es el objetivo frontal de Clarín con La Doctora. Con otra agenda, Mauricio se resiste a la idea de mandarla en cana por deficiente hotelera.
No es posible afanar como la corpo te hizo creer.
Esto del Correo es sólo un pequeño botón de muestra de lo que es el gobierno más corrupto de nuestra historia. Ni Bernardino Rivadavia ni la señora de Kirchner llegaron a tanto. Todos los que nos afanaron antes son simples pungas de colectivo a la par de estos hijos de una gran siete.