Transporte
Dietrich contrata a dedo a la española Indra para acelerar la reprivatización del Puerto
Por medio de la AGP, Transporte contrató en forma directa a la consultora que controló las elecciones.

Gonzalo Mórtola --el titular de la Administración General de Puertos (AGP) y hombre de confianza del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich-- cerró 2016 con una llamativa adjudicación directa a favor de la empresa española Indra, la polémica consultora que desde 1997 se viene encargando del recuento de votos en las elecciones nacionales con varias denuncias de fraude a cuestas y que en Brasil ha quedado salpicada por las derivaciones del caso “Lava Jato”.

La AGP contrató en forma directa a Indra para que se encargue de elaborar los pliegos y buscar a los posibles interesados en el negocio.

Por medio de la resolución 129, Mórtola decidió contratar a dedo a Indra para que, a cambio de una suma equivalente a 12,5 millones de pesos, lleve adelante las tareas de “estructuración, promoción y concurso para la concesión de las terminales de contenedores del puerto de Buenos Aires”.

Si bien los actuales contratos de operación de las terminales porteñas vencen en 2019, la intención de Mórtola y Dietrich es salir a licitar anticipadamente las nuevas concesiones en los primeros meses de este año. Ambos funcionarios ya decidieron que el puerto capitalino que hoy está en manos de tres operadores quede bajo la órbita de sólo dos concesionarios privados por un plazo que oscilará entre los 35 y 40 años.

Con el fin de acelerar la apertura del proceso licitatorio, la AGP contrató en forma directa a Indra para que se encargue de elaborar los pliegos y buscar a los posibles interesados en el negocio.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución 129, la contratación directa tuvo su origen en una propuesta presentada por Indra, la cual fue avalada por los “expertos en materia portuaria Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde” que fueron contratos por el área de Finanzas y Sistemas de la AGP.

Al justificar el acuerdo directo con Inda, dichos expertos señalaron que “entendemos que esta empresa puede lograr el objetivo de desarrollo de los nuevos pliegos del puerto de Buenos Aires, basándonos en su experiencia, conocimientos, proyectos realizados, equipos de trabajo y tiempos establecidos que a su vez nos brindarán un mayor sustento de éxito, como así también una importante cartera de clientes que le darán al proyecto una mayor apertura de oferentes”.

Con esta movida que pone en marcha la reprivatización de las terminales, Mórtola dio practicamente por cerrada la promesa electoral del macrismo de traspasar el puerto a la órbita de la Ciudad.

Puertas adentro del organismo, la decisión del titular de la AGP --que cuenta con un staff de diez asesores con choferes privados y sueldos superiores a los 150.000 pesos mensuales—disparó varios interrogantes. Uno de ellos apuntó al hecho de por qué se buscaron consultores externos cuando los profesionales y técnicos de la casa estaban capacitados y en condiciones de confeccionar los pliegos.

Otro aspecto poco claro tiene que ver con el supuesto apuro por contratar a Indra sin haber efectuado previamente una consulta rápida o pedido de cotización a otras empresas especializadas en temas de logística y negocios portuarios.

En el caso de Indra, ésta no es la primera vez que aparece beneficiada con un contrato directo de la cartera de Transporte de Dietrich. En febrero del año pasado, la ferroviaria estatal SOFSE manejada por Marcelo Orfila le había adjudicado un contrato por casi 40 millones de dólares para instalar un sistema de control de accesos de pasajeros y recarga de las tarjetas SUBE en las líneas de trenes de la región metropolitana.

En Brasil, la filial de Indra quedó en la mira de las autoridades judiciales de San Pablo por presuntos pagos realizados a concejales y miembros de la administración estatal con el fin de obtener contratos de servicios por alrededor de 400 millones de dólares.

Tras haber sido allanadas sus oficinas paulistas a mediados de 2016, Indra reconoció publicamente que estaba colaborando con la justicia brasileña a la cual le había entregado todos los archivos confidenciales vinculados con la operación “Custo Brasil”.

Se trata de un desprendimiento de la megacausa “Lava Jato”, caso de corrupción más grande en la historia de Brasil que involucra empresarios, políticos y a los ex presidentes Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff por los pagos de sobornos y arreglo de contratos con sobreprecios entre la petrolera Petrobras y las principales constructoras del país.

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10 asesores de 150.000.- se ve que están racionalizando los recursos no ??
Para que están los empleados de la AGP con años de experiencia ??
Contrataciones directas ??
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Le dan negocios a quien controla ñas elecciones? Todo turbio. Me parecr que rs incompatible.