El Gobierno dejó trascender que el proyecto de reforma de Ganancias, que logró media sanción en Diputados con los votos de toda la oposición, tiene graves deficiencias que van desde la inaplicabilidad hasta la contradicción entre objetivos y medios, producto de una redacción inespecífica por haberse "escrito a las apuradas".

Eso es lo que sostiene al menos un documento interno al que accedió LPO que elaboró la Casa Rosada para marcar las doce inconsistencias del dictamen opositor (ver documento adjunto).

Por su parte, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, afirmó que en el proyecto opositor no figuran números del costo fiscal y se mostró confiado en que sea rechazado el martes próximo en la Cámara Alta, cuando los senadores analicen el costo fiscal para las provincias. 

“Tenemos un acuerdo con los gobernadores para acotar el costo fiscal a 30 mil millones de pesos”, dijo Prat Gay a La Red. No es esta sin embargo la opinión que prevalece en el bloque peronista del Senado, donde según afirmaron a LPO dos senadores peronistas la iniciativa saldría como viene de Diputados, sin mayores contratiempos.

Acaso por eso, la vicepresidenta Gabriela Michetti se corrió del optimismo de Prat Gay y anticipó la decisión de Macri de vetarlo, como insinuó el Presidente esta mañana.

"Si el proyecto sale en Senado —que no creo que salga así porque muchos gobernadores se han manifestado en contra de cómo salió en Diputados— el presidente y todo el gabinete vamos a tener que pensar que no tenemos alternativa más que vetar la ley porque: ¿cómo hacemos para sacar la plata? ¿De dónde la sacamos?", sostuvo la presidenta esta noche en Intratables.

Y agregó: "Tenemos una muy buena posibilidad de corregir este intento populista y demagógico de ponerle a la gente sobre la mesa un proyecto de ley y una idea que no es viable, porque sino que nos digan a quién tenemos que sacarle plata".

Los doce puntos del Gobierno

"El proyecto crea deducciones de impuestos cuyo control es imposible para la AFIP, lo cual haría que cualquiera pueda deducir el alquiler (independientemente de que esté blanqueado el alquiler por parte del locador, como proponía el proyecto de Macri) o pasar cualquier gasto como gasto asociado a la educación”, señala el texto.

Además, al crear exenciones a los “pagos por exceso de jornada laboral” (concepto más amplio que las horas extras) y a los bonos por productividad, obliga a la AFIP a revisar cada declaración jurada y constatar que no se están modificando conceptos para disfrazar parte de los sueldos bajo estos conceptos para eludir impuestos. La AFIP no tiene la capacidad para hacer estas investigaciones, por lo cual el control es inaplicable.

"El proyecto dice que los jubilados que ganen hasta $60.000 están exentos, pero la máxima jubilación del sistema previsional no llega a $42.000, con lo cual el límite elegido no aplica", se burla el texto.

"Pero además, la inaplicabilidad de los controles se traduce en que los nuevos mínimos no imponibles van a terminar siendo en la práctica más altos que los propuestos por el proyecto de ley. Estos, además, se desconocen, porque están sujetos a una fórmula similar a la de la tablita de Machinea “y su cálculo es incierto, por eso en la conferencia de prensa ellos mismos dijeron que los ‘mínimos no imponibles’ eran estimados”, se queja el Gobierno.

De esta forma, el real costo fiscal del proyecto de ley es una incógnita. Por eso, Prat Gay lo tildó de “oscurantista” por no presentar los números de los ingresos con los que buscan compensar el costo fiscal de la reforma: "Es la misma lógica oscurantista que tenían con el Indec", dijo el ministro.

Mecon

Dentro de las contradicciones, el texto también critica que el proyecto estableció un privilegio del 45% de mínimo no imponible adicional a los trabajadores patagónicos, con el argumento de que son “zonas desfavorables” cuando “todas estas provincias están en el top ten de desarrollo humano y tienen muchos otros subsidios”.

Las otras dos contradicciones señaladas vienen del lado de la reforma al Monotributo y del impuesto a la renta financiera. Por el primero, aumentan 100% el monto de facturación límite pero no corrigen los componentes del impuesto que no se cambian desde 2004. Por ende, el proyecto hace que “la carga impositiva en términos de facturación sea más baja para el que factura $1,2 millones que para el que factura $100 mil”, sostiene el Gobierno. Además, crea la categoría “A”, pero “se olvidaron” de establecerle impuestos y permite que excluidos del monotributo vuelvan, incluso si fueron excluidos por evasión.

Más complejo es el caso de la renta financiera. Porque castiga a todos los ahorristas que tengan un plazo fijo con una retención, que luego deberá ser devuelta para los que no entran en el pago de ganancias, desalentando el ahorro bancario en términos nominales (no en términos reales, lo que no permite al ahorrista defenderse de la inflación), encareciendo el crédito productivo y no castigando la especulación. Por el contrario, no grava la compraventa de acciones bursátiles y solo alcanza a los plazos fijos a partir del millón y medio de pesos, que rara vez son de personas sino de empresas –que ya están alcanzadas por Ganancias-.

El caso de las ganancias por dólar futuro ya roza la ilegalidad, sostiene el texto, por buscar gravar con un 15% retroactivamente –lo que es inconstitucional- ingresos que ya tributaron 35% de Ganancias, lo cual implicaría un impuesto del 50% que judicialmente puede considerarse “confiscatorio”. Pero además, dicen en Cambiemos, el proyecto dice que propone con este impuesto equilibrar el costo fiscal de la suba del mínimo no imponible cuando se trata de un tributo sobre un evento que ocurrió en 2016 que debe compensar el costo de la modificación de Ganancias de 2017 en adelante.

En lo que le dan la derecha a la oposición es en el gravamen a los jueces nuevos. Este punto coincide con uno del proyecto oficialista. Respecto del impuesto a los inmuebles improductivos, la bancada de Cambiemos opina que es un intento por hacer fracasar el blanqueo de propiedades en el exterior.