Hace 12 años, ni bien María del Carmen Falbo asumió como procuradora de la Suprema Corte bonaerense, uno de los primeros en festejar fue el entonces intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino.

Por instrucción de la ex abogada de Aníbal Fernández, el fiscal de Quilmes, Luis Armella, objetó la investigación de su par de San Martín, Luis María Chichizola, por la cual Cariglino había sido detenido en noviembre de 2003 por estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

Armella pronto tuvo su premio: fue propuesto como juez federal de Quilmes, con aval inmediato del Consejo de la Magistratura y el Senado. En tiempos de peronismo unido, la impugnación de Chichizola quedó guardada en algún cajón del Congreso.

Este año la historia es bien distinta: Armella se convirtió en el verdugo de los legendarios alcaldes del conurbano y Elisa Carrió, tal vez la mayor enemiga de Aníbal, ya no oculta estar marcándole la cancha.

También esta vez el juez hizo valer su buena conducta: el Consejo de la Magistratura tiene congelados los pedidos de destitución en su contra y ese jueves Adriana Donato, presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación, buscaría archivarlos en forma exprés.

Armella parece saber moverse en la Magistratura: el año pasado, el senador radical Ángel Rozas y el juez Germán Moldes supieron frenar la presión para removerlo. 

Lo curioso es que entre sus detractores está la Corte Suprema, que en 2012 lo separó de la Autoridad de Cuenca La Matanza Riachuelo (Acumar), creada por el máximo Tribunal para monitorear el proceso de saneamiento de la región más degradada del país.

La Corte lo echó tras una denuncia realizada por Cristina Kirchner a partir de notas periodísticas de Horacio Verbitsky y avaladas por la Auditoría General de la Nación, que describían cómo Armella había favorecido a un grupo de empresas amigas con contratos millonarios sin licitación, para operar a la vera del Riachuelo.

Esas maniobras se hicieron con Cristina en la Casa Rosada y varios de sus funcionarios con diálogo frecuente con Armella. Cuando el fiscal asumió en Acumar, Aníbal era ministro de Justicia y ni bien se mudó a la jefatura de Gabinete nombró como secretario de Ambiente a Juan José Mussi, un histórico barón de Berazategui. Una de sus misiones era controlar el saneamiento del Riachuelo. 

Ambos eran viejos conocidos de Armella pero, casualidad o no, cuando Cristina lo acorraló ya habían dejado el Gabinete: Aníbal fue eyectado al Senado en 2011 y Mussi se exilió a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde aún permanece.

En la última sesión de la Legislatura, Mussi se exaltó contra Armella por el allanamiento que dispuso a la Municipalidad de Berazategui por una investigación sobre irregularidades en el plan Argentina Trabaja.

Fue un operativo intenso, con 50 gendarmes que dejaron atrapados a los empleados y habrían asustado tanto al intendente Juan Patricio Mussi, hijo del diputado, que según pudo saber LPO, se exilió a Europa los días siguientes. No se lo vio en ninguna de las apariciones de Cristina Kirchner por el conurbano, aun cuando fuera uno de sus defensores.

"Ya basta de atropellos. Nos hicieron sacar paneles del techo. Encerraron al personal. A muchos empleados les abrieron los bolsos ¡Basta de atropellos!", reclamó Mussi, en la Cámara de Diputados de la provincia.

Buscó callarlo Mario Giacobbe, su histórico rival en el peronismo de Berazategui junto al hermano Ricardo, subdirector del Registro Nacional de las Personas y con intenciones de suceder a Mussi hijo.

Los Giacobbe habrían sufrido aprietes de Armella hace algunos años, cuando el fiscal convivía con Mussi y llevaban juntos la agenda de Acumar sin enojos de Cristina. Demasiadas cosas cambiaron. 

El diablo del conurbano

En manos de Armella también está la causa por malversación de fondos públicos contra Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela desde 1992.

La denuncia fue presentada por Carrió y el fiscal interino de Quilmes, Adrián Rigonatto, imputó al alcalde y envió su escrito al despacho del polémico magistrado quilmeño.

Su último golpe mediático fue la investigación al empresario tabacalero Carlos Tomeo por posibles vínculos con Aníbal Fernández, que le permitió allanar sus propiedades en el fastuoso country Abril, de Berazategui.

“En ese expediente se está demostrando que se ha financiado con ello todo el narcotráfico del conurbano, incluidas las intendencias de Quilmes, Berazategui y Lomas de Zamora”, denunció Carrió en la última sesión de Diputados.

Le respondió al kircnerista Rodolfo Tailhade, quien había expresado su frustración por no poder activar alguna denuncia contra Armella en el Consejo de la Magistratura.

No es el único jurista K que falla ante el escurridizo magistrado quilmeño: el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak jamás logró avanzar en la causa que lo investiga por supuestas complicidades con una banda de secuestros extorsivos. Ahora está más difícil. Armella volvió a estar cerca del Gobierno.