El sinceramiento fiscal avanza con complicaciones, como reconoció ayer el propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, que en vez de hacer una autocrítica sobre la farragosa norma siguió la línea oficial de echarle la culpa a los bancos por el escaso interés que está suscitando.
El problema es que lejos de tener la sencillez y claridad esencial a todo sistema que busca algo tan delicado como que la gente blanquee sus ahorros e inversiones de toda la vida, la norma está plagada de zonas grises que abren inquietantes interrogantes y además ponen a los bancos en una situación de cautela que complica la implementación,.
También abundan las contradicciones: Por ejemplo en un gobierno que dice que quiere reactivar la economía, el blanqueo no permite a los que exterioricen los fondos que tienen en el colchón o las cajas de seguridad, destinarlos a desarrollos inmobiliarios desde el pozo.
Para ellos la ley establece que deberán abrir una cuenta especial en el banco, informar el CBU a la AFIP, pagar el 1% del dinero que quieran blanquear y luego depositarlo antes del 31 de octubre. Luego según el monto, la percepción total puede llegar al 10%. El problema es que dinero deberá permanecer congelado por seis meses salvo que se aplique a la adquisición de bienes registrables.
Y conseguir abrir dicha cuenta puede ser una odisea porque los bancos no recibieron instrucciones del Banco Central de cómo instrumentalizar estas cuentas. Además, los que pensaban desembolsar sus ahorros en el banco, pagar el impuesto correspondiente y comprarse una propiedad se encuentran con una nueva imposibilidad: un departamento de pozo, es técnicamente un fideicomiso y como tal no es un bien registrable, como un auto, un barco, un terreno o un inmueble.
Como solo se puede afectar el dinero inmovilizado a un bien registrable, el banco exige un boleto de compra-venta con posesión efectiva u “otro compromiso similar provisto de certificación notarial”. Y en este punto se abre la discusión, porque claramente un departamento cuya posesión se planea para dentro de dos o tres años -el plazo normal de construcción de una torre- no cumple con los requisitos; pero tal vez se pueda comprar un departamento en construcción si el actual dueño ya tiene un boleto.
Estos grises se abren cuando la ley es general y las resoluciones que la reglamentan son escasas y las contradicciones muchas. Por ejemplo, quien hizo un depósito inicial para ingresar al pozo antes del 22 de julio y hoy está pagando las cuotas, puede blanquear el depósito inicial como si se tratara de una tenencia hasta ahora en negro, similar a la tenencia de un bono; y no debe dejar ningún monto congelado por seis meses.
Pero si alguien quiere comprar con el dinero que blanquee, primero deberá esperar seis meses con el dinero congelado en estas cuentas de “Permanencia”.
El problema radica en que la ley en el artículo 44 especifica que “podrá retirar los fondos depositados a fin de adquirir bienes inmuebles o muebles registrables conforme lo establezca la reglamentación” pero no delimita a partir de cuándo se trata de un inmueble. Y la AFIP en la resolución 3919 (art4) no da más precisiones sobre el artículo 44, pero sí define que en el artículo 37 “Los bienes inmuebles a que se refiere el inciso b) del primer párrafo, comprenden los inmuebles adquiridos -incluidos los terrenos-, los inmuebles construidos, las obras en construcción y las mejoras”, pero nada dice de las obras aprobadas por empezarse.
De hacerse extensivo, este criterio del artículo 37 al artículo 44, como hacen primar los especialistas, un fideicoimiso para comprar de pozo no es inmueble ni un bien registrable, y por lo tanto el dinero deberá quedar retenido en el banco hasta el 31 de mayo.
Contradicciones
Lo insólito es que el Gobierno habla de promover la reactivación y reconoce que el grueso de los más de 100 mil puestos de trabajo perdidos en 2016 se debe a la construcción. Y aun así, prefiere pisar los fondos por seis meses en los bancos, antes que volcarlos a mover la economía real. Los bancos, en el mejor de los casos, podrán aplicar los depósitos a operaciones financieras de corto plazo.
De hecho, en lo que hace al artículo 37, que es el que precisa los bienes que se pueden blanquear y las alícuotas correspondientes, se considera que, en el caso de poseer una obra ya en construcción y no declarada, para que la alícuota sea del 5% (y no del 10%) se requiere que el titular tenga un boleto de compra-venta con posesión anterior al 22 de julio de 2016.
El boleto es lo que “cubre los contratos de adhesión de los fideicomisos al costo”, aclararon a LPO desde Reporte Inmobiliario. Por eso para Néstor Kreimer de la constructora Kuantica S.A., esto implicaba que se podían comprar propiedades adjudicadas de fideicomisos.
Sin embargo, pese las expectativas de las constructoras, la AFIP estableció que este último criterio válido para el artículo 37 no es igualmente válido para el artículo 44. Es decir, no sirve para sacar los fondos retenidos en las cuentas especiales de “Permanencia”, donde deben depositarse fondos exteriorizados.
La autoridad tributaria aclaró que el dinero solo puede afectarse a la compra de bienes registrables o inmuebles en el país y no para la construcción: “Los fondos que se destinen a la construcción en inmuebles no se encuentran alcanzados dentro de la expresión ‘inversión en inmuebles’, en los términos del Artículo 44 de la Ley 27.260”, precisó el organismo que preside Abad.
Este criterio es compatible con el criterio de establecimiento de las alícuotas para la declaración de activos: el impuesto para un fideicomiso es del 10% porque se considera que no es un inmueble, sino un derecho comparable a una acción. Si se trata de una propiedad ya terminada, el impuesto cae al 5% de la valuación de mercado. No hay justificación para la diferencia.
A la vez, quien desee declarar un inmueble ya existente, deberá abonar el impuesto en un solo pago. El ejemplo del jubilado con un dos ambientes que cotice 80.000 dólares y deberá pagar $600.000 que no tiene el efectivo, es muy claro para exponer las limitaciones prácticas de este blanqueo. La respuesta de la AFIP es que, de acuerdo a la ley, el jubilado deberá desprenderse del inmueble para abonar el impuesto. El blanqueo no prevé mecanismos de pago en cuotas del blanqueo, sino que el jubilado se quede sin su casa.
Así, el blanqueo no empuja la economía ni promueve la reactivación. Así definido, el blanqueo está en línea con el planteo de Federico Sturzenegger, que busca que el sistema financiero premie los depósitos en pesos y los ahorristas no se vean tentados por la inversión en ladrillos. Lo curioso es que él mismo en las recientes jornadas monetarias, reconoció que si se mide la rentabilidad de los 80 a hoy, la inversión en propiedades fue la más rentable.
Sin embargo, en el Gobierno dicen que es de “baja calidad” porque no genera competitividad como la inversión en infraestructura o bienes de capital. Pero en lo que parece un capítulo oscuro del blanqueo, si se permite derivar dinero a fondos digitados a dedo para impulsar construcciones, como el que creó Constantini.
Lo que hasta ahora sí promueve el blanqueo es el reparto de bienes al interior de las familias. “Llama la atención la cantidad de chicos de dieciocho recién cumplidos que van a aparecer con cuentas millonarias”, explicó una fuente a LPO en relación a la conveniencia de arreglar herencias en vida y de compartir la carga tributaria entre varios miembros de una familia.
Son estas apenas algunas de las contradicciones que llevan a los bancos a demorar las implementaciones, para enojo de Prat Gay. LPO pudo saber que, por ejemplo, el Banco Nación no recibe a clientes que quieran abrir la cuenta especial para blanqueo y que, a aquellos empleados que quieran blanquear, hay disposiciones internas para que se les labre un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), pese a que el Banco Central especificó que no era necesario. Un ROS es motivo de despido según las disposiciones del Banco.
