A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el modelo democrático del país se enfrenta a desafíos internos significativos. Factores como conflictos militares, crisis financieras y problemas institucionales han generado una marcada polarización política, lo que ha suscitado dudas sobre la solidez de la democracia estadounidense. Reconocer únicamente la Constitución como salvaguarda contra el autoritarismo se muestra insuficiente; preservar la democracia requiere un compromiso activo por parte de la población.

El orden constitucional se encuentra en una posición vulnerable, con históricos poderes de emergencia otorgados al presidente que podrían propiciar posibles abusos. Existen 135 poderes extraordinarios que un presidente puede reclamar durante una emergencia nacional, algunos de los cuales pueden permanecer activos durante años sin revisión del Congreso.

La exageración alarmista también constituye una amenaza, ya que las emergencias, ya sean reales o fabricadas, pueden fortalecer tendencias autoritarias. La historia ha demostrado que incluso presidentes ampliamente respetados han ejercido poderes extralegales en tiempos de crisis. Aunque la Enmienda 22 limita a los presidentes a dos mandatos, persiste la preocupación de que un líder decidido pueda evadir estas restricciones.

Sin embargo, la verdadera defensa contra la tiranía radica en los valores defendidos por los ciudadanos, jueces y funcionarios públicos. Instituciones como el ejército, los gobiernos estatales, la policía local y la prensa independiente desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de las normas democráticas. A pesar de posibles abusos del poder ejecutivo, la resistencia de fiscales profesionales, jueces y funcionarios públicos actúa como un contrapeso.

De cara a las elecciones presidenciales, los candidatos se acusan mutuamente de amenazar la democracia. Las acciones de Donald Trump después de las elecciones de 2020 y su retórica actual han aumentado los temores sobre una mayor erosión de las normas democráticas. Sin embargo, es poco probable que Trump se convierta en un dictador, a pesar de sus afirmaciones, debido a su falta de enfoque y responsabilidad. El mayor riesgo radica en socavar la confianza del público en el gobierno, lo cual es fundamental para el proyecto democrático estadounidense. A medida que los ciudadanos expresan su insatisfacción con la democracia, los líderes políticos tienen la responsabilidad de preservar y proteger la república.

Históricamente, la presidencia ha parecido demasiado débil para un gobierno unipersonal, pero las expansiones del poder federal después de la Segunda Guerra Mundial han alterado esta dinámica. Aunque los controles legales no han seguido el mismo ritmo, con solo dos enmiendas significativas que limitan los mandatos presidenciales y la incapacidad, la extensión geográfica de Estados Unidos, la distribución del poder político y la independencia de instituciones como el ejército y los tribunales proporcionan importantes salvaguardias contra la dictadura.

Los controles y equilibrios establecidos por la Constitución de EE.UU., especialmente el proceso de destitución, han demostrado ser insuficientes, como se evidenció con el fallido intento de destitución de Trump a pesar de su conducta cuestionable. Los poderes de emergencia, teóricamente sujetos a revisión del Congreso, a menudo persisten sin control, permitiendo a los presidentes sortear los obstáculos legislativos.

A pesar de las protecciones históricas y estructurales, la democracia estadounidense sigue siendo vulnerable. Las normas y convenciones, más que las disposiciones constitucionales, limitan el poder presidencial, y la erosión de estas normas representa una amenaza significativa. El debate actual sobre el posible regreso de Trump y las acciones de sus oponentes destacan la fragilidad del sistema democrático. Estados Unidos no está completamente inmune a la amenaza de dictaduras, y preservar la democracia requiere una vigilancia constante contra la erosión de las normas e instituciones democráticas.