El 31 de mayo, al conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral, la presidenta Sheinbaum destacó el récord histórico de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, la posición comercial de México frente a Estados Unidos y declaró que "México está de moda". El dato es real - y precisamente por eso, lo que ocurre en paralelo exige atención: la inversión en sectores estratégicos enfrenta condiciones adversas, desde la desinformación organizada como instrumento de bloqueo hasta la ausencia de marcos predecibles para la consulta indígena previa. Son condiciones que los propios objetivos de la administración no pueden ignorar por mucho más tiempo.

En 2020, Constellation Brands tenía todo listo para construir una de las plantas cerveceras más grandes del mundo en Mexicali. Tenía el terreno, la inversión, los permisos en proceso. Lo que no tenía era una respuesta para la narrativa que se armó en semanas: agua escasa, comunidades ignoradas, capital extranjero depredador. La planta no se construyó. Hoy, seis años después, el patrón se repite - con proyectos más grandes, en sectores más estratégicos, y con consecuencias que el país ya no puede absorber igual.

México alcanzó en el primer trimestre de 2026 una participación histórica de 16.3% en el comercio total de Estados Unidos - el mayor nivel jamás registrado. China cayó al 6.2%. Canadá retrocedió. Y sin embargo, la economía mexicana creció apenas 0.7% en 2025, con proyección de 1.2% para 2026 según la OCDE. Esa combinación - liderazgo comercial récord, crecimiento en desaceleración - no es una paradoja. Es la señal de que el modelo ya opera cerca de su límite con las condiciones actuales. México no está ante una oportunidad que podría aprovechar mejor. Depende estructuralmente de su integración con América del Norte para crecer. Es el motor. Y ese motor está siendo saboteado desde adentro.

Cualquier proyecto de inversión en sectores estratégicos en México enfrenta hoy tres condiciones que ningún manual de due diligence anticipa bien. La velocidad y escala de la presión digital: campañas que reúnen millones de firmas en días, construidas sobre narrativas que frecuentemente no corresponden a la realidad técnica del proyecto. La respuesta institucional a esa presión sin verificación técnica independiente. Y la ausencia de protocolos claros para la consulta indígena previa - exigible constitucionalmente antes de cualquier autorización ambiental - cuya duración e interpretación el marco legal vigente no acota con suficiente claridad para ser predecible. La combinación de los tres hace que la incertidumbre no sea una falla del sistema. Sea el sistema.

SEMARNAT opera como el punto de conversión de esa presión en resultado regulatorio. No es una hipótesis: en 2024, un tribunal del CIADI condenó a México en el caso Odyssey Marine Exploration vs. México por la negativa arbitraria y extralegal de una manifestación de impacto ambiental. No fue una empresa la que lo señaló. Fue un tribunal internacional. En al menos dos casos adicionales documentados, el encuadre ambiental que acompañó la intervención fue contradicho por acciones posteriores del propio gobierno: en uno, el mismo territorio declarado área protegida recibió concesiones para operadores nacionales; en otro, la acusación que dio sustento narrativo a la decisión fue emitida sin base documental previa.

Lo que está en riesgo

La narrativa que hoy circula sobre el consumo hídrico de los centros de datos en Querétaro replica punto por punto la estructura de Mexicali: agua, comunidades, capital extranjero, presión viral, intervención regulatoria. Amazon Web Services comprometió 5,000 millones de dólares en México, con proyección de 10,000 millones adicionales al PIB. Microsoft y Google tienen proyectos comparables. Los tres enfrentan esa narrativa en construcción. MEXDC ya advirtió que sin certidumbre regulatoria, la inversión podría desviarse a Chile o Colombia. No es una amenaza retórica. Es una descripción de lo que ya pasó en otros sectores.

El proyecto Trión de Woodside y PEMEX - 7,200 millones de dólares, con primer petróleo proyectado para 2028 - es el proyecto energético más significativo de la administración. Su viabilidad depende de la misma certidumbre institucional que el patrón ha erosionado en cinco de los seis casos documentados. El momento no puede ser peor: estamos en la antesala de la revisión del T-MEC, en el período de mayor exposición comercial de México en una generación, y las señales que está enviando el marco regulatorio son exactamente las equivocadas.

Cuando la presión de una narrativa viral desconectada de la realidad técnica se convierte en el insumo de una declaración ministerial que cierra un proceso regulatorio de facto, la desinformación ha dejado de ser un fenómeno cultural. Se ha convertido en un instrumento que opera contra el estado de derecho y contra la integración económica de la que México depende para crecer. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido consistente en su compromiso de mejorar las condiciones para la inversión. No existe razón documentada para dudar de ese compromiso. La pregunta -la que nadie en el gobierno parece querer responder- es quién, dentro del gabinete, está permitiendo que la narrativa viral decida la política industrial de México.