Hace más de 250 años, Rousseau escribió que la soberanía reside en el pueblo, y que ningún poder legítimo puede ejercerse sin su consentimiento. Nuestro Movimiento tiene una propia versión, que traduce esa misma idea en un principio que repetimos desde la militancia: "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada". Mandar obedeciendo no es una consigna vacía, es un mandato de origen territorial, donde el pueblo decide y el gobierno ejecuta.

Ese mandato popular no se agota en el voto, también debería transitar en las decisiones sobre el bien común y las acciones colectivas más cercanas, más pedestres, más ligadas a lo cotidiano. Esas decisiones, cuya repercusión, para bien o para mal, son enfrentadas por la gente todos los días en su colonia, en su alcaldía, en su vida diaria.

Ahí es donde entra un instrumento legal capaz lograr que la voluntad de la comunidad se vuelva expresa en lo más cercano de sus vidas: la Ley de Participación Ciudadana. Si este instrumento logra de verdad traducir ese mandato en acciones concretas y ejecutables, está cumpliendo su misión.

Ese mandato popular no se agota en el voto, también debería transitar en las decisiones sobre el bien común y las acciones colectivas más cercanas, más pedestres, más ligadas a lo cotidiano.

Pero no es tarea fácil. Esta herramienta se vuelve más compleja conforme las sociedades se transforman sin pausa y se sumergen en lo que Zygmunt Bauman denominó como la modernidad líquida: ese estado de fluidez permanente donde nada dura para siempre, los compromisos tradicionales se fraccionan y la tecnología redefine continuamente lo cotidiano. En un mundo donde todo fluye y se desvanece rápidamente, la forma en que la ciudadanía se organiza, decide y exige pierde sus moldes fijos y exige respuestas igual de dinámicas

Y más aún cuando hablamos de la Ciudad de México, que no es solo la capital del país, sino el epicentro político donde se gesta y anticipa el rumbo de la nación. Un territorio diverso, de 9.2 millones de habitantes que alberga más de 100 pueblos originarios reconocidos y 55 lenguas indígenas, empujado por la fuerza viva de sus movimientos sociales. Aquí conviven, en las mismas calles, el voto urbano de clase media con la resistencia comunitaria de los barrios tradicionales; la pulsión de los ritmos internacionales con la pausa de las tradiciones más arraigadas. Lograr consensos en esta ciudad es un reto gigante, y quien logra articular esa pluralidad tiene garantizado un altavoz con resonancia multilateral.

El oficialismo realiza foros ciudadanos para reformar la Ley de Participación Ciudadana.

Cortesía.

En este sentido, la Ley de Participación Ciudadana exige esa misma actualización permanente: no regula una fotografía fija, sino una relación viva en constante movimiento entre gobierno y sociedad. Y es que, por un lado, las prioridades y formas de organización mutan sin pausa y se multiplican; por el otro, la irrupción cotidiana de las tecnologías de la información transforma radicalmente cómo la gente se informa, se articula y toma decisiones. Una ley que ignore esta doble aceleración termina regulando una ciudad que ya dejó de existir.

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Por esta razón, mediante el Congreso de la Ciudad de México, estamos llevando a cabo foros de consulta pública en las 16 alcaldías para revisar la ley vigente. El objetivo central consiste en escuchar de primera mano a las y los sujetos de esta norma, vecinos, comités y organizaciones comunitarias para construir, desde el territorio, una reforma con legitimidad real. Se trata de un ejercicio de escucha activa para traducir los diagnósticos de la calle en artículos de ley.

La Ley de Participación Ciudadana debe resguardar la soberanía popular con instrumentos que sirvan para decidir y no solo para opinar. Una ley pensada para nuestro tiempo, nuestras juventudes y nuestra complejidad, probablemente una que Rousseau imaginó hace siglos, cuando entendió que el poder legítimo nace del pueblo y regresa siempre a él.