Hay una pregunta que vale la pena hacerse cuando una obra de transporte público, pensada para conectar a zonas históricamente aisladas, empieza a enfrentar amparos judiciales presentados por supuestos vecinos, ¿Quién se beneficia de que esa obra no se construya?

El 24 de marzo de este año, un grupo de residentes de la colonia Colinas del Sur, en Álvaro Obregón, presentó un amparo para suspender de forma definitiva la construcción de la Estación 3, Santa Lucía, de la Línea 5 del Cablebús, y un día después la suspensión provisional les fue negada por falta de elementos. El 13 de abril, un juez de distrito volvió a negar la suspensión definitiva con el mismo argumento y, aun así, los quejosos apelaron esa decisión el 15 de abril, asegurando contar con más de veinte pruebas a su favor. Hasta ahora, la obra no se ha detenido.

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Vale la pena mirar quién está detrás de ese litigio. El abogado que representa a los vecinos es socio fundador de una organización que se define como enfocada en litigio estratégico y activismo judicial para proteger el patrimonio cultural, y que en su actividad pública ha mantenido una postura constante en contra de la Cuarta Transformación y de las obras impulsadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La titular de la demanda de amparo, por su parte, fue directora ejecutiva de una asociación nacional de fabricantes de medicamentos, un perfil bastante alejado del de una vecina preocupada únicamente por su colonia.

Este patrón se repite. En 2025, el mismo abogado y la misma organización estuvieron detrás de los amparos que buscaron suspender de forma definitiva el Viaducto Elevado en Zacatecas, con el respaldo abierto del entonces alcalde panista de esa ciudad. Y en Puebla, medios locales han documentado cómo dirigentes del PAN estatal han promovido, según reportes periodísticos, lo que se ha calificado como una guerra de desinformación contra el Cablebús de esa entidad, al grado de que el propio gobernador salió a atribuirle públicamente al PAN las protestas contra el proyecto.

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El denominador común detrás de estos casos apunta, según la información disponible, a la dirigencia nacional del PAN y a la presidencia del partido en la Ciudad de México. Presentar amparos a través de supuestos vecinos, activistas y organizaciones de la sociedad civil fue una estrategia que ese partido utilizó de forma sistemática durante todo el sexenio pasado, y todo indica que ahora se replica para frenar obras impulsadas por la presidenta Sheinbaum y por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Nadie debería oponerse a que la ciudadanía tenga derecho a litigar cuando existe una afectación real y comprobable, pero ese derecho se vuelve cuestionable cuando se convierte en herramienta política, disfrazada de causa vecinal, para frenar obras que van a beneficiar a cientos de miles de personas que hoy no tienen una alternativa digna de movilidad. La pregunta inicial sigue en pie, y cada nuevo dato que aparece la responde con más claridad.