La economía digital opera hoy bajo un modelo transfronterizo, donde gigantes tecnológicos prestan servicios a millones de personas en todo el mundo sin atender las realidades, las legislaciones ni las condiciones socioeconómicas de cada territorio. Las plataformas se rigen, casi de forma exclusiva, por las leyes de su país de origen, con frecuencia jurisdicciones de marcos corporativos laxos, y eso deja a la ciudadanía en dos frentes de desventaja. Por un lado, una asimetría de poder evidente, el consumidor local frente a la corporación transnacional. Por el otro, una indefensión jurídica real, la imposibilidad práctica de abrir un canal de comunicación directo, presentar un reclamo efectivo o hacer valer un derecho frente a arbitrajes que se resuelven a miles de kilómetros de distancia.

Por eso urge que los gobiernos, tanto nacionales como locales, abramos un debate formal sobre la regulación de estos servicios. Prestar un servicio digital en un territorio determinado debería implicar responsabilidad legal, atención a las y los usuarios y sujeción a la normativa de protección al consumidor/a del país o la ciudad donde se genera la ganancia, no solo del país donde tiene su sede la empresa.

Participar no es opinar, es decidir

Detrás de este vacío regulatorio hay un cambio de fondo en la forma en que consumimos. El mercado migró de vender productos físicos, el disco, el casete, la propiedad directa, hacia rentar servicios alojados en la nube, y esa transición despojó al usuario o usuaria de la propiedad real sobre lo que adquiere. Las plataformas venden licencias temporales bajo la narrativa de una compra, generando la falsa expectativa de poseer un bien digital cuando, en realidad, se trata de un permiso de uso revocable. Entonces, quien compra queda a merced de decisiones unilaterales, si la empresa decide apagar servidores, retirar licencias o discontinuar un producto, como ocurrió de forma emblemática con The Crew de Ubisoft, que apagó los servidores y dejó inutilizable un videojuego. Y al no existir propiedad física ni un mercado secundario donde revender o transferir ese bien, las empresas también pueden modificar tarifas de manera unilateral, pasando de costos mínimos a incrementos desmedidos de un mes a otro, sin que el consumidor tenga forma de defenderse.

Frente al dominio de estas transnacionales, la regulación aislada de un solo país no basta. Hace falta una estrategia con dos pilares. El primero es la integración regional como contrapeso regulatorio, desde América Latina necesitamos articular marcos comunes. Con esa fuerza colectiva será posible exigirles a las transnacionales que respeten las normas locales y garanticen la continuidad funcional de los bienes digitales. El segundo pilar es la independencia tecnológica, impulsar infraestructura, software y alternativas digitales propias, porque depender por completo de la infraestructura y las decisiones corporativas del norte global deja a nuestras economías y a nuestra ciudadanía en un estado de vulnerabilidad permanente.

Prestar un servicio digital en un territorio determinado debería implicar responsabilidad legal, atención a las y los usuarios y sujeción a la normativa de protección al consumidor/a del país o la ciudad donde se genera la ganancia.

El consumo digital no puede seguir siendo una zona de excepción de derechos. Pagar por un activo o un servicio digital debería otorgar garantías mínimas de usabilidad, transparencia en los precios y protección frente al cierre arbitrario de plataformas, unas reglas claras que permitan que la tecnología sirva al bienestar de las personas, y no únicamente a los márgenes de ganancia corporativa. Es momento de que las legislaciones locales empiecen a conceptualizar los activos digitales y a plantearlos, de una vez, dentro de un marco de derechos ciudadanos.