El crimen del alcalde Carlos Manzo impacta al interior del morenismo, especialmente en los casos de los gobernadores Javier May (Tabasco) y Rubén Rocha (Sinaloa). Desde el fin de semana se han reiterado una serie de comunicaciones donde, desde ambos gobiernos, se señala el papel fallido de la Guardia Nacional, dependiente de la Sedena, en el crimen de Manzo.

La GN no tiene buena imagen entre los gobernadores del oficialismo y el caso de Uruapan acelera esta percepción. No se trata solo del crimen: desde antes de la ejecución, la GN había instalado una base en Michoacán por el crimen del dirigente limonero Bernardo Bravo al tiempo que había multiplicado sus funciones de vigilancia en carreteras.

El problema que se remarca de modo recurrente hace foco en la coordinación: según entienden los gobernadores, la GN no tiene buen funcionamiento porque obedece a la planificación de la Secretaría de Seguridad, pero su organigrama jerárquico tiene como principal terminal al Ejército.

Detalle no menor: en la cúpula es muy conocida la realidad de que la relación entre el general Ricardo Trevilla y el secretario Omar García Harfuch dista de ser ideal, a pesar de que fue el segundo quien eligió al primero para el cargo que ostenta.

May y Rocha comparten la situación de que la Sedena maneja casi en su totalidad la seguridad de sus estados, una situación que, siempre por lo bajo, rechazan porque creen que no existe una mejora de fondo y se complican sus movimientos políticos y electorales.

La semana pasada el propio Rocha volvió a mostrarse inquieto porque Culiacán, después de meses de estar bajo control militar, sigue encabezando la percepción ciudadana como la capital más inseguridad del país, según datos oficiales.

May atraviesa vicisitudes similares en un asunto sensible como es la persecución a "La Barredora", situación en la cual lo mantienen absolutamente al margen.