Son momentos de alta tensión en la cúpula del Gobierno, donde tienen lugar diversos intercambios para decidir el rumbo a seguir luego de que una fiscalÃa de Nueva York acusara al gobernador sinaloense Ruben Rocha de estar coludido con el Cártel de Sinaloa.
En el entorno presidencial hubieran preferido que tanto el gobernador como el senador Enrique Inzunza guardaran un silencio calculado para luego tener mayor margen de maniobra.
El peor de los escenarios está sobre la mesa: ya con la acusación formal en Estados Unidos, en el Gobierno temen que Washington opte por capturar a Rocha de modo unilateral, tal como sucedió el pasado enero con Nicolás Maduro, mandatario venezolano ahora preso en EU.
En la CancillerÃa circula la tesis de que Rocha, Inzunza y los funcionarios implicados deberÃan renunciar para someterse al procedimiento legal en territorio mexicano, bajo la autoridad nacional.
Esta serÃa la estrategia más enfocada en los beneficios del litigio pero que aún asÃ, encierra contradicciones inquietantes: desde que despacha en Palacio, Claudia Sheinbaum entregó más de cien detenidos a la justicia estadounidense, por fuera del derecho mexicano.
Por ahora, en Sinaloa se impone la decisión de resistir y Rocha estarÃa analizando la posibilidad de convocar a movilizaciones en las próximas horas. La salida polÃtica es la que encierra los riesgos más imprevistos, especialmente si Washington asumiera que México no entrega a personas con supuestos nexos con el crimen organizado.
Rocha ha señalado que la acusación es irregular y que se violó la confidencialidad pero lo cierto es que en los tratados de cooperación el secreto es un elemento implÃcito, no escrito.
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