La pelea legislativa por la militarización del país y el caso Ayotzinapa se encaminan a colisionar en la agenda de Andrés Manuel López Obrador. En la protesta inédita frente al Campo Militar 1 del pasado viernes para reclamar que se enjuicie a altos mandos militar por la desaparición de los 43 normalistas se clamó en reiteradas ocasiones contra el general Salvador Cienfuegos, jefe de la Sedena con Enrique Peña Nieto. 

Se trata del mismísimo Cienfuegos que por estas horas habla con senadores de la oposición para convencerlos de apoyar la militarización. Esta dualidad expresa muy bien los dos mundos entre lo que hace equilibrio el presidente: la militancia ideológica de Alejandro Encinas y Jesús Ramírez frente al pragmatismo de Adán Augusto López Hernández, el general Luis Crescencio Sandoval y el general Audomaro Zapata.

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Son divergencias comunes en un gobierno con un amplio espectro ideológico. Cienfuegos tiene un gran relación con Arturo Ávila, quien fuera candidato por Morena en la alcaldía de Aguascalientes. Se trata de un histórico contratista y proveedor de la Sedena. Su empresa de seguridad vende desde autos blindados hasta tecnología para uso militar. De ahí su amistad con Cienfuegos. Oficia de nexo con Adán Augusto, con quien estrechó una fluida relación. 

Detrás de esa nueva grieta en el círculo más íntimos de AMLO, surge el cabildeo de Cienfuegos en el Senado, fundamentalmente sobre la bancada de senadores priistas, donde tiene múltiples enlaces. En Palacio Nacional dicen que esas conversaciones tienen buen curso y que entre los senadores del tricolor ya solo quedan cuatro que rechazan la militarización. Los demás estarían listos para ausentarse o acompañar a la 4T.

¿Cómo puede la 4T ir a fondo sobre los responsables de la tragedia de Ayotzinapa si el hombre más encumbrado de ese sexenio en materia de seguridad es un colaborador activo de los designios legislativos de López Obrador?

Debe reconocerse que el general Cienfuegos tiene herramientas discursivas. En una de sus últimas llamadas, por ejemplo, mencionó los abusos registrados por parte de integrantes de la Guardia Nacional y dijo que eso no sucedería si estos estuvieran bajo la tutela de la justicia militar, donde Cienfuegos tiene un peso específico notable. Basta con recordar que meses el general retirado Mauricio Avila, amigo de Cienfuegos, emitió videos criticando y mofándose del presidente, con su uniforme reglamentario, y no recibió ni siquiera una sanción administrativa.

La pregunta flora en el aire: ¿Cómo puede la 4T ir a fondo sobre los responsables de la tragedia de Ayotzinapa si el hombre más encumbrado de ese sexenio en materia de seguridad es un colaborador activo de los designios legislativos de López Obrador?

Cienfuegos está en deuda con el Gobierno. Cuando Estados Unidos lo arrestó en 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles por supuestos nexos con el narco, la cúpula del Gobierno se movilizó para lograr su liberación, se votó una ley que limita a los agentes extranjeros en el país -en una clara represalia a la DEA- y diversos hombres ligados a Cienfuegos fueron promovidos en la Sedena con el corolario del general Agustín Radilla, actual número dos de Sandoval.

En 2018 Cienfuegos no pudo elegir a su sucesor y se rompió una tradición de décadas pero es como si nada se hubiera alterado. El general está en el centro de la escena y si la militarización avanza en el Senado tendrá juego libre para promover al sucesor de Sandoval. Solo alcanzará con observar los ascensos militares y los reacomodos que tendrán lugar el próximo mes de noviembre.