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Los generales pasan a la ofensiva contra el narco, pero piden blindar la CNDH para no tener reclamos por los operativos
El Ejército lanzó operativos en Sinaloa y Guerrero, pero no quiere cuestionamientos desde los Derechos Humanos. Antecedente en Sinaloa. El Senado define.

 El Ejército desplegó esta semana dos extensos operativos contra en narco en Guerrero y Sinaloa. Según pudo conocer LPO, la cúpula militar no se encuentra a disgusto con la orden política que activó la iniciativa, pero le piden a la presidenta Claudia Sheinbaum un blindaje absoluto en términos políticos.

Semanas atrás la Sedena logró la reforma que le asigna control total sobre la Guardia Nacional, lo cual ofrece además mayor cobertura legal ante diversas acciones que dicha fuerza impulse contra los cárteles de la droga.

Ricardo Trevilla quiere además que no haya contratiempo alguno en la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuya conducción se comienza a discutir en el Senado, en audiencias conducidas por el senador Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua por el PAN, devenido en aliado de Morena. 

Según comentó a LPO un alto moando de la Sedena, el nombre de la persona que ocupe el cargo de presidenta de la CNDH es lo de menos, pero de preferencia debe ser un perfil como el actual, o sea, Rosario Piedra Ibarra, muy cuestionada en el ambiente de las ONGs por su actitud dócil frente al morenismo.

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La inquietud militar cobra además otro sentido si se considera que esta semana Sheinbaum dijo que su Gobierno no permitirá ejecuciones fuera de la ley y que ya se investiga a los ocho elementos de las Fuerzas Armadas que dispararon contra una camioneta en Culiacán, donde esta semana estuvieron a punto de matar a su conductor.

El Gobierno vuelve a enfrentar así un debate ineludible: cómo combatir al crimen organizado con apego a la ley pero considerando también el poder de fuego que ha exhibido la delincuencia en las últimas horas.

Ayer jueves, en Tecpan de Galeana, Guerrero, la intervención del Ejército provocó un saldo de 16 muertos. En los municipios de Jerécuaro y Acámbaro, a cargo de la coalición PAN-PRI-PRD en Guanajuato, el crimen detonó dos coches bomba, provocando daños materiales y tres policías heridos.

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