La muerte de los dos agentes estadounidenses en Chihuahua está adquiriendo una dirección en la opinión pública que genera irritación en las altas instancias militares.

Desde la Secretaría de la Defensa señalan a LPO que los uniformados hubieran preferido un manejo discreto por parte del Gobierno y que el tema se agotara en la reunión que este jueves sostendrán la gobernadora Maru Campus y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Bajo esta lógica, la citación de la gobernadora al Senado no es entendida como un movimiento inteligente. Así se lo explicaron ayer miércoles al coordinador de la bancada oficialista Ignacio Mier. En el Senado dicen que se impuso la facción de Adán Augusto López Hernández y se decidió avanzar con la citación para el próximo martes con el móvil de favorecer las aspiraciones de Andrea Chávez en la entidad norteña.

Profundizar en lo sucedido implica, según entienden los generales, poner demasiado foco sobre las maniobras que realiza el Ejército mexicano en colaboración con agencias de seguridad de EU. Algunas de esas acciones son ignoradas por Palacio Nacional, como lo sucedido el pasado febrero cuando fue abatido Nemesio Oceguera Cervantes. Este es el punto más delicado de toda la situación epicentro en Chihuahua.

En la Sedena advierten, además, que la Casa Blanca fue quien filtró al Washington Post, periódico cercano a Donald Trump, que los agentes muertos pertenecían a la CIA. Una realidad sigilosa que este miércoles fue amplificada por Los Angeles Times, matutino que reveló la existencia de otros operativos.

En la Sedena creen que Trump está realizando un experimento con la situación de Chihuahua con el horizonte de medir la reacción del Gobierno mexicano. Si el tema pasa sin demasiado escándalo, se abren nuevos horizontes para las intenciones militares del Pentágono en México. A esto obedece el reclamo diplomático del oficialismo, así como los dichos este jueves de Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

La eventual intervención militar de EU se está dirimiendo en diversos frentes. Uno de ellos es la polémica con la ONU por los desaparecidos: el texto que habla sobre la incapacidad del estado mexicano para controlar ese drama es combustible puro para el afán intervencionista de Trump. Ni hablar si funcionarios del sexenio morenista fueran acusados, en los próximos meses, ante la Corte Penal Internacional en La Haya.

El otro frente es el interno. Los generales advierten que la Ley de Seguridad aprobada por Andrés Manuel López Obrador no encaja con la política de puertas abiertas del gobierno actual, que avala en el Senado de forma permanente la llegada de militares estadounidenses a México.

Un detalle final. En el ámbito diplomático se asegura que los dos agentes muertos en Chihuahua no eran de nacionalidad estadounidense, sino, ciudadanos mexicanos que eran capacitados por EU. Una clave que se encuentra encriptada en los mensajes del embajador Ronald Johnson.