El drama de Guerrero, que en las últimas semanas se ve reflejado en protestas, cortes de carreteras y ejecuciones contra actores del círculo político es monitoreado permanentemente desde Palacio Nacional y un tema fijo en las reuniones de seguridad que suceden al alba.

La novedad más reciente es que ni Luis Crescencio Sandoval ni Rafael Ojeda quieren compartirle información sensible a la gobernadora formal, Evelyn Salgado ni tampoco a su padre, Félix Salgado, el verdadero mandamás de la entidad.

La cúpula militar cree que cerca de la gobernadora hay personas muy relacionadas con los grupos criminales que se están disputando Guerrero. Por esto último ya no se le pueden facilitar novedades sobre operaciones en curso o futuras. Todo debe quedar reducido al tiempo pretérito, o sea, cuando dichos movimientos ya ocurrieron.

Para los militares el error de Salgado fue haber acordado con grupos criminales rivales, algo muy similar a lo sucedido cuando fue alcalde de Acapulco en el sexenio foxista. La consecuencia es escabrosa porque algunas de las personas ejecutadas los últimos días eran del círculo cercano de Salgado. De ahí su reclamo desesperado de que no había que meter a las familias en la confrontación en curso.

En el descontrol imperante al Gobierno le preocupa la expansión del grupo criminal de La Familia Michoacana, muy potente en la denominada Tierra Caliente (donde los Salgado arrasaron electoralmente) y que comienza a registrar operaciones en la costa del Pacífico, concretamente en Ixtapa Zihuatanejo. El cálculo es que se trata de la primer avanzada para controlar Acapulco.

La Familia Michoacana ya no es una organización menor. Tiene mucho peso en municipios de importancia para el poder político y empresarial del país, como es Valle de Bravo, donde se le reclama a los magnates que tienen casas de descanso allí una cuota cada vez que estos quieren realizar alguna refacción en su propiedad. Si la cuota no se paga los obreros de la construcción no aparecen por temor a represalias.

La situación política además es muy inestable para el Gobierno. En Segob Luis María Alcalde no quiere tener nada que ver con Guerrero y el control de la crisis corre por parte de Alejandro Encinas que a su vez está confrontado con los militares por el caso Aytozinapa. Ambas partes tienen informaciones y detalles que no se quieren compartir mutuamente.

A esto se agrega que a nivel electoral Morena comienza a dar por perdido el año que viene el municipio de Chilpancingo y el de Acapulco queda también en riesgo de derrota.