El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este miércoles que el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en el estado y que no cuenta con protección del Gobierno federal. Las declaraciones de Harfuch llegan en medio de la presión derivada de las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"El gobernador Rocha Moya está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, está en su Estado. No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del Gobierno de México, tiene policía estatal hasta donde tenemos entendido, la escolta corre a cargo del Estado", aseguró Harfuch en conferencia de prensa. El funcionario agregó que, por tratarse de un gobernador en licencia, dispone de un esquema de seguridad estatal, pero aclaró que "no tiene escolta por parte del gobierno federal".

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Las declaraciones del titular de Seguridad ocurren luego de que en los últimos días crecieran las versiones sobre un posible resguardo especial por parte de la Federación ante la crisis política que atraviesa el mandatario sinaloense. Rocha Moya pidió licencia temporal a su cargo tras la acusación judicial impulsada desde Estados Unidos.

La tensión aumentó la semana pasada, cuando autoridades estadounidenses detuvieron a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y hombre cercano a Rocha Moya. Como informó previamente LPO, la captura se produjo en territorio estadounidense.

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Además, el viernes 15 de mayo se conoció que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, también se presentó ante autoridades de Estados Unidos en medio de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. Díaz Vega formó parte del círculo político más cercano a Rocha Moya durante la primera etapa de su administración.

En los últimos meses, distintas agencias estadounidenses pusieron bajo la lupa a exfuncionarios vinculados a áreas sensibles de la administración estatal, especialmente seguridad y manejo de recursos públicos. Mientras tanto, dentro de la 4T crece la preocupación por las consecuencia que pueda generar y por las posibles derivaciones judiciales que podrían alcanzar al entorno más cercano del gobernador en licencia.