La sombra de los cárteles mexicanos en Colombia aparece en la trama del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Según informó la prensa del país sudamericano, el aspirante a la presidencia había reclamado en diversas ocasiones al gobierno de Gustavo Petro incrementar su staff de seguridad, especialmente al momento de recorrer los departamentos de Tolima y Santander, donde el Cártel de Sinaloa tiene una fuerte presencia.

Ayer lunes el presidente colombiano cargó contra el organismo encargado de asignar custodias a políticos que se encuentra integrado mayoritariamente por policías y excomisarios. El motivo es que al momento del atentado la custodia del senador se había reducido a la mitad de elementos.

Este martes se terminó de confirmar además que el arma que se utilizó para el atentado fue comprada en Arizona, Estados Unidos, por lo cual el Departamento de Estado le informó al gobierno de Gustavo Petro que participará de las pesquisas.

En el Departamento de Estado siguen desde hace tiempo los intereses de Iván Archibaldo Guzmán en Colombia. No es casualidad que a las pocas horas del atentado se anunciaron nuevas medidas en Estados Unidos contra Guzmán en materia de recompensas y congelamientos de activos. Este martes esos anuncios fueron secundados en México por Omar García Harfuch.

La semana pasada, de hecho, Claudia Sheinbaum había anunciado una mesa de seguridad conjunta con Colombia y Estados Unidos para investigar las operaciones de los grupos criminales de ambos países latinoamericanos y como esta impacta en Estados Unidos.

Parte de esa colaboración buscaría conocer más sobre el intercambio de sicarios, altamente preparados, que existe entre México y Colombia.

Fuentes diplomáticas señalaron a LPO que diversos puntos de la investigación del atentado contra el senador colombiano conducen a México, no solo por el hecho de que el arma estuvo en territorio mexicano, luego de ser adquirida en Arizona, sino que además porque se utilizó un sicario menor de edad, que es una práctica que desde hace un año se ha hecho visible en Sinaloa, donde hace un mes fue detenida una célula de sicarios que era integrada por tres adolescentes. Al día siguiente de esos arrestos tuvo lugar el crimen de dos colaboradores de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Otro sendero que une Colombia con Sinaloa tendría que ver con la denuncia de este martes del partido de Centro Democrático, al que pertenece el senador Uribe Turbay, donde dijeron que en la Fiscalía de Medellín existen carpetas de investigación sobre ofrecimientos del crimen organizado para atentar contra figuras de la política colombiana. La clave es el monto: 8 millones de dólares, una cifra que también se suele manejar en México, según mencionan en los círculos de inteligencia, para ejecutar golpes de alto calibre e impacto político.