Un planteo se reitera desde hace dos semanas en la Secretaría de Gobernación: diversos alcaldes de la frontera con Estados Unidos reclaman un fondo especial para contener una eventual oleada de migrantes desde el país vecino ante el plan de deportaciones que promueve Donald Trump.

Una situación que ya se agravó desde la semana pasada, cuando el gobernador de Texas, Gregg Abbott, ordenó instalar boyas y reforzar la seguridad del río Bravo para evitar nuevos cruces fronterizos desde México. Esa medida comienza a generar una población flotante que complica a los alcaldes del norte del país.

No se trata solo de recursos para brindar asistencialismo: en diversas alcaldías de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila se habla de reforzar las medidas de seguridad ante la teoría de que los primeros deportados podrían ser migrantes que se encuentran, actualmente, encarcelados por diversos delitos.

El temor de los alcaldes, según pudo conocer LPO, es que lo deportados sean rápidamente cooptados por cárteles de la droga como mano de obra delictiva y esto incremente los niveles de inseguridad.

De acuerdo con la Agencia Federal de Prisiones de EUA (BOP, en inglés), hasta el 29 de abril de 2023, hay 159 mil 312 ciudadanos presos en las distintas cárceles federales de Estados Unidos.

De esta cifra, después de los estadounidenses (133 mil 593), el mayor número de internos en instalaciones de la BOP son mexicanos, con 13 mil 741, es decir, el 8.6% del universo de presos en EU.