La noticia corrió rápido: el general de división Gerardo Mérida, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rubén Rocha Moya, y uno de los diez funcionarios públicos acusados por el Departamento de Justicia de haber ayudado a los chapitos a controlar el estado, ampliar sus negocios del narcotráfico, servir de sicarios institucionales y delatar operaciones militares contra ellos, fue detenido en Arizona por los U.S. Marshalls. Es lo peor que pudo haber sucedido para el gobierno, que al mantenerse enfocado en blindar y defender a Rocha Moya dejaron suelto un cabo que les tirará todo el esfuerzo.

Mérida no fue detenido. Se entregó a las autoridades estadounidenses el lunes pasado, confirmaron fuentes militares y de seguridad mexicanas. Lo hizo cinco días después de haber tramitado un amparo para evitar su captura y eventual extradición, pero lo más importante, el gobierno mexicano fue informado el mismo día de la detención. Por lo que se vio esta semana en Palacio Nacional, no hubo un control de daños.

Su entrega muestra la confusión operativa del gobierno. La arenga propagandística de la presidenta de pedir pruebas a Estados Unidos, violando el Tratado de Extradición que establece detención con fines de extradición -siempre y cuando, en esa segunda parte del proceso legal, se presenten pruebas-, impedía una acción selectiva contra el resto. Pero, inexplicablemente, salvo por el hecho de que lo consideraran una figura menor en este caso, no lo mantuvieron vigilado.

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El general de división se convirtió en el martillo que va a romper la estrategia de blindar al exgobernador para neutralizar el golpe de la acusación del Departamento de Justicia que indirectamente caía sobre Morena, el movimiento y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, principal protector de Rocha Moya, por quien sacó el cuerpo ante la presidenta Claudia Sheinbaum incluso después de la imputación en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.

El general de división se convirtió en el martillo que va a romper la estrategia de blindar al exgobernador para neutralizar el golpe de la acusación del Departamento de Justicia que indirectamente caía sobre Morena.

Mérida se convirtió en el segundo alto funcionario en entregarse a las autoridades estadounidenses después de haber sido acusado en una corte federal en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico. En marzo de 2017, el fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, fue detenido por el FBI en San Diego. En realidad, el arresto fue pactado. Veytia negoció con las autoridades estadounidenses y entró caminando por la aduana de Otay en Tijuana, para entregarse y convertirse en un testigo cooperante.

Veytia, que estaba acusado en Estados Unidos de haber manejado una red de protección institucional para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, fue sentenciado en 2019 a 20 años de prisión en la Corte del Distrito Este de Brooklyn. La negociación con las autoridades exige que testigo cooperante reconozca su culpabilidad en los delitos para que el juez determine la pena, y en función de su utilidad en otros casos, se decide su suerte final. 

Veytia es la fuente principal de la acusación contra el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, y fue utilizado en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En ambos casos se demostraron sus mentiras -López Obrador solo reconoció las que afectaban a Cienfuegos, pero celebró las que hundieron a García Luna-, pero fue funcional para la justicia estadounidense, que lo liberó casi una década antes de lo establecido en la sentencia.

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida y el exgobernador Rubén Rocha Moya. 

Cuartoscuro.

El general de división Mérida es, quizás después de Rocha Moya, su secretario de Administración, Enrique Alfonso Díaz, y el senador Enrique Inzunza, la persona más importante del grupo de 10, por las implicaciones con varios de los jefes militares del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Mérida asumió el cargo de secretario de Seguridad de Sinaloa en septiembre de 2023, durante el gobierno del presidente López Obrador. Aunque la designación había sido del secretario, el general Luis Cresencio Sandoval, operaba bajo las órdenes del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Ricardo Trevilla, actual titular de la Secretaría de la Defensa, y del general de división, Guillermo Briseño, que era jefe de Operaciones Especiales y Desplazamiento Táctico, y actualmente es el comandante de la Guardia Nacional.

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Fue destituido en diciembre del año pasado, lo que muestra que en apenas 15 meses fue una de las piezas instrumentales en la red de protección institucional de los chapitos. En la acusación del Departamento de Justicia se señala que recibió sobornos de los Chapitos y, a cambio, proporcionó a los Chapitos notificaciones de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las acciones.

Su participación siembra dudas sobre las responsabilidades de sus superiores o, al menos, abre cuestionamientos de que no se enteraron de lo que estaba haciendo. Es cierto que formalmente ya no dependía de la Defensa, pero en la práctica, con él y todos los militares que fueron colocados en las áreas de seguridad estatales, nunca dejaron de recibir instrucciones de Lomas de Sotelo, ni de operar la margen del conocimiento de los comandantes en las diferentes zonas y regiones militares.

El general Mérida fue trasladado el mismo lunes a Nueva York, y al día siguiente tuvo su primera audiencia, donde le debieron haber leído la acusación en su contra. La siguiente audiencia será cerrada al público. La pesadilla que tenía la presidenta, que si detenían a Rocha Moya y lo extraditaban comenzaría a hablar de la relación de Morena con los cárteles y tras él seguirían muchos más, se volverá una realidad.