 | La histórica deportación de capos a Estados Unidos no es el final de la trama, sino un prólogo que anticipa nuevas tensiones. |
Las amenazas de Donald Trump terminaron hincando al gobierno mexicano como no se recuerda en la memoria. En una sola mañana, México expulsó a Estados Unidos el jueves a 29 narcotraficantes de alto nivel, tres veces más que el máximo histórico de 10 en diciembre de 2008, como una ofrenda al jefe de la Casa Blanca, casi súplica, para que vea que están atendiendo su ultimátum de combatir al crimen organizado y el tráfico de fentanilo, y que no imponga aranceles el 4 de marzo.
La decisión pareció un acto desesperado, pues de sufrir aranceles a sus productos, la economía mexicana entraría en recesión y no habría dinero para seguir inyectando a los programas sociales, de lo que depende en buena medida la viabilidad del régimen. Sin embargo, hay indicios que la decisión tuvo incentivos superiores al ámbito comercial y la gobernabilidad de Morena.
El periódico The Wall Street Journal reveló que hubo amenazas directas a México que si no tomaba acciones contra los cárteles de las drogas en colusión con el gobierno, las Fuerzas Armadas estadounidenses tomarían acciones unilaterales para enfrentarlos. La amenaza, agregó el diario que más filtraciones tiene de la Administración Trump, fue realizada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante las recientes conversaciones con los secretarios de Defensa, general Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Morales, que según la reconstrucción de las llamadas telefónicas que tuvieron, generó mucha tensión entre los funcionarios.
Tras la presión de Trump, México extraditó a 29 narcos a Estados Unidos
Solo algo así podría explicar la urgencia de la acción mexicana, que hizo estallar por los aires los procedimientos legales de extradición y aniquilar la defensa del amparo. El gobierno mexicano no los extraditó, aunque había peticiones de ellos, incluso de casi 40 años sobre Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del extinto Cártel de Guadalajara, a quien Estados Unidos acusa de haber ordenado el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985. Caro Quintero había recibido un nuevo amparo contra la extradición el fin de semana pasado. El gobierno mexicano, como informó oficialmente, solo los "trasladó".
Trasladar no es extraditar, lo que deja abierta la posibilidad de que Caro Quintero y quizás otros criminales enfrenten la pena de muerte. De haber sido extraditados, eso no habría sido posible de acuerdo con el tratado suscrito por ambos países. No hubo proceso de extradición porque no había tiempo. Les urgía mandar una señal que demostrara que no había colusión del gobierno o mexicano con ellos. Pudieron haberlo desde que Trump amenazó con los aranceles hace casi un mes, pero él no hacerlo sugiere que la decisión se tomó ante una advertencia que causó pánico en el gobierno mexicano.
En la larga lista de criminales enviados a Estados Unidos hay dos en específico que tienen mensajes políticos. Uno es Caro Quintero, que el expresidente Andrés López Obrador se negó a extraditar, y que en la investigación del asesinato de Camarena Salazar fue ligado a Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación, cercano a López Obrador y alto funcionario de su gobierno, y al que la DEA imputó como cómplice del Cártel de Guadalajara.
El otro es José Ángel Cannobio, operador financiero de la facción de Los Chapitos, que están luchando por el control del Cártel de Sinaloa, con quienes el exlíder de esa organización, Ismael "El Mayo" Zambada, vinculó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El problema de la presunta colusión del gobierno de México con los cárteles ha sido una constante en las declaraciones de Trump y de varios miembros de su gabinete. Tras la entrega de los 29 narcotraficantes se reavivó la conversación. La revelación de The Wall Street Journal coincidió con una entrevista que le hizo la publicación conservadora The Spectator a Trump, donde de la nada le preguntan si le pediría a México que entregara a políticos vinculados con el narcotráfico. Trump respondió que sí lo "recomendaría". Lo que está diciendo Washington es que no bastan criminales; quieren a políticos que tengan relaciones con el narcotráfico. De eso no quieren hablar en México.
Dos miembros del gabinete de seguridad salieron el viernes a la opinión pública a normalizar el envío de 29 criminales a Estados Unidos. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo que ante la petición de ese país, lo discutieron y resolvieron entregárselos en cuestión de horas. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dijo que fue una decisión del gabinete de seguridad en donde la presidente Claudia Sheinbaum no intervino. Las dos posiciones no pasan la prueba del ácido.
Gertz Manero también fue fiscal en el gobierno de López Obrador, y lo que planteó como un procedimiento sencillo, no lo hizo durante seis años pese a las presiones del primer gobierno de Trump y del gobierno de Biden. En la administración de Sheinbaum tampoco había disposición de extraditar a nadie, y ni siquiera estaba bajo discusión en Palacio Nacional. Todo indica que fue una acción súbita y desesperada.
De ahí el "traslado", sin mediar procedimiento alguno que demorara la señal de cumplimiento. García Harfuch trató de blindar a la Presidenta de la acción, lo que es irreal. Una decisión de esa envergadura no se toma sin la aprobación de la Presidenta y menos en el contexto actual donde lo que se haga y deje de hacer tiene repercusiones casi inmediatas sobre México. El secretario quiso ayudar pero perjudica, haciéndola pasar involuntariamente que ella no está tomando las decisiones más importantes.
La comunicación política fue un control de daños. En Washington, la procuradora Pam Bondi, dio unas pinceladas sobre lo que entregó México, que durante el gobierno de López Obrador, dijo, se negó. Fue una acción tomada en cumplimiento de las órdenes ejecutivas de Trump y de la declaratoria de terroristas de los cárteles de las drogas. Ni una línea de reconocimiento de México. Ni una palabra sobre colaboración. La amenaza de Trump fue unilateral y la respuesta de México igual. Pero no basta. Y la presidenta lo sabe. Ya se lo dijeron.
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