La mañana del 11 de agosto no sólo se desplomó un inmueble en Minería 145, en la colonia Escandón. En segundos también comenzó a venirse abajo una forma de gobernar: autorizar, dejar pasar y, cuando el concreto tocó el suelo, buscar entre los escombros dónde deslindarse de la responsabilidad.

Mientras trabajadores demolían el antiguo complejo que durante décadas albergó instalaciones de ICA, parte de la estructura rebasó los límites del predio y terminó sobre la lateral de Viaducto. Hubo daños y un lesionado; pudo convertirse en una tragedia y, afortunadamente, no ocurrió. Pero la suerte no puede formar parte del protocolo de una demolición.

Mauricio Tabe reaccionó buscando explicaciones fuera de su oficina. Primero apareció un árbol, sí, un árbol; después, el Director Responsable de Obra; luego, los particulares. Todos tendrán que responder por lo que les corresponda, pero hay una pregunta que el alcalde no puede esquivar: ¿qué hizo su gobierno antes y durante la demolición?

Porque Minería 145 no era una obra clandestina surgida de la nada en Escandón. La Alcaldía conocía el proyecto y terminó expidiendo la Licencia Especial de Demolición MHLE/D/059/2026, expediente FMH-016-2026, para intervenir más de nueve mil metros cuadrados. No se trataba de tirar una barda con marro, sino de desmontar una estructura de gran escala a unos metros de una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Y ahí es donde la explicación de Tabe comienza a crujir casi tanto como el edificio.

Una demolición de esta magnitud no consiste en meter maquinaria, empujar concreto y dejar que "Newton" resuelva el resto. Demoler también es ingeniería. Implica entender el comportamiento de la estructura, calcular la redistribución de cargas conforme desaparecen muros, losas, trabes o columnas, definir una secuencia de retiro, establecer apuntalamientos y delimitar zonas de exclusión y protección para trabajadores, colindancias y vía pública.

En pocas palabras: antes de tirar un edificio hay que saber cómo va a caer y, sobre todo, cómo evitar que caiga donde no debe.

Por eso existen procedimientos de demolición, responsivas técnicas, bitácoras, programas de ejecución y medidas de seguridad. Pero los papeles no sostienen edificios por sí solos: alguien debe verificar que lo proyectado ocurra en la obra. Y ahí entra lo que Tabe intenta sacar del foco: la supervisión y verificación de la autoridad antes y durante los trabajos.

Si Miguel Hidalgo autorizó una demolición de más de nueve mil metros cuadrados junto a Viaducto, su gobierno no podía limitarse a entregar una licencia -no es un cheque en blanco- y volver cuando escuchara el impacto. Tenía que estar presente dentro de sus atribuciones: verificar condiciones de seguridad, atender riesgos a terceros, documentar irregularidades, imponer medidas cuando fuera necesario y comprobar que los trabajos se desarrollaran conforme a lo autorizado.

Por eso no basta preguntar qué ocurrió el 11 de agosto. Hay que reconstruir lo anterior: cuántas verificaciones realizó la Alcaldía, qué observó, qué quedó asentado, si se respetó la secuencia prevista, si existían los apuntalamientos necesarios, si hubo cambios en la ejecución y qué decía la bitácora mientras el edificio perdía, pieza a pieza, su estructura.

Porque cuando toneladas de concreto terminan cayendo fuera del predio y sobre una vialidad, algo falló. Habrá que determinar técnicamente si fue el procedimiento, la ejecución, la secuencia, las protecciones o una combinación de factores; pero políticamente Tabe tiene que explicar cómo supervisó su gobierno una demolición que él mismo autorizó.

Y Minería 145 tiene todavía otro nivel debajo de los escombros.

Detrás del polvo hay, entonces, mucho más que un edificio viejo: hay decenas de miles de metros cuadrados de desarrollo inmobiliario para el futuro. Y en Miguel Hidalgo, cuando aparecen esos volúmenes, además de sacar la calculadora conviene sacar la lupa.

Por eso hay otra pregunta que Tabe debe responder: ¿había prisa? ¿Se buscaba acelerar la demolición para liberar el terreno y arrancar el nuevo desarrollo? ¿Los tiempos correspondían al programa autorizado o se estaba presionando la ejecución? Si todo se hizo correctamente, el expediente y la bitácora lo demostrarán. Si no, también.

Lo que no puede hacer Tabe es convertir una licencia en coartada. El DRO, propietarios, empresas y contratistas tendrán que responder por lo que les corresponda, pero autorizar una obra no elimina las responsabilidades de la autoridad. Una licencia no es un "déjeme pasar" para que después cada quien haga lo que quiera dentro del predio, mucho menos cuando lo que ocurre dentro termina derrumbándose afuera.

La bolita siempre encuentra nuevas manos y Tabe ha mostrado habilidad para moverla: primero el árbol, después el DRO, luego el particular, el contratista y, si seguimos así, hasta la gravedad. Sólo que esta vez la bolita terminó en Viaducto y dejó de ser un ejercicio de comunicación política.

Por eso Tabe debería transparentar el expediente: procedimiento de demolición, bitácora, responsivas, medidas de protección, verificaciones y observaciones. Que sepamos qué revisó su gobierno antes de iniciar y qué supervisó mientras avanzaban los trabajos. Ahí estará también la respuesta a si aquello se estaba haciendo conforme a lo autorizado o si las prisas terminaron corriendo más rápido que la seguridad.

Porque esta vez hubo suerte. Una estructura salió del perímetro de demolición y terminó sobre una vialidad sin provocar una tragedia mayor; la siguiente puede no conceder ese privilegio. Prevenir es justamente evitar que un error técnico, una omisión o una cadena de fallas termine convertida en una esquela.

Hay algo que Tabe no podrá sepultar bajo el polvo: la licencia la otorgó su gobierno y explicar qué hizo antes y durante la demolición también le corresponde.

El 11 de agosto se desplomó concreto y, entre los escombros, políticamente también se desplomó Mauricio Tabe.