El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de integrar una red de protección política al Cártel de Sinaloa, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Según la investigación, Rocha y su círculo habrían facilitado operaciones de narcotráfico y tráfico de armas a cambio de sobornos y respaldo político del grupo criminal.

La imputación, presentada este miércoles en Manhattan, golpea a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que enfrenta una nueva crisis por los presuntos vínculos entre integrantes de la 4T y organizaciones criminales. La fiscalía estadounidense sostiene que esa estructura operó desde posiciones de poder en Sinaloa para garantizar el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.

Entre los señalados aparece también el senador Enrique Inzunza Cázarez, uno de los cuadros políticos más cercanos a Rocha, además de altos mandos de seguridad y operadores locales. El expediente judicial sostiene que esa red de protección institucional fue clave para sostener la operación territorial del Cártel de Sinaloa.

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En declaraciones a la prensa luego de la acusación, Rubén Rocha Moya declaró que habló con la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien le manifestó su apoyo. "Estoy tranquilo y trabajando por Sinaloa", aseguró y adelantó que "no va a pasar nada" con las investigaciones que hay en su contra. "Todo debe encausarse de acuerdo a lo que dicen las leyes", agregó e hizo un llamado a la ciudadanía para "estar tranquilos y seguir trabajando".

Rocha había instalado la idea de que mantenía canales de entendimiento con agencias estadounidenses. Esa versión cobró fuerza tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, un operativo en el que el gobernador fue señalado como funcional a partir del episodio que derivó en el asesinato de Héctor Melesio Cuén. En su entorno, Rocha sostenía que su colaboración con agencias como la DEA lo mantenía "blindado", aunque dentro del gobierno federal circulaba otra versión, que Washington ya le había retirado la visa.

Tras conocerse la acusación, Rocha rechazó públicamente los señalamientos y calificó el expediente como una "calumnia" sin sustento. En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador aseguró que las imputaciones "carecen de veracidad y fundamento alguno" y sostuvo que el caso forma parte de una ofensiva contra la Cuarta Transformación y sus principales liderazgos. Además, vinculó la causa judicial con un intento de vulnerar la soberanía nacional y prometió demostrar su inocencia "con toda contundencia" en el momento oportuno.

Cuartoscuro

La acusación sostiene que el vínculo entre Rocha y Los Chapitos se remonta a la campaña de 2021. Según el expediente, el entonces candidato a gobernador se reunió con Iván y Ovidio Guzmán antes de la elección y pactó protección política a cambio de respaldo electoral y territorial. La fiscalía asegura incluso que operadores de su campaña entregaron información sobre rivales políticos para que fueran intimidados o secuestrados durante el proceso electoral.

El documento judicial también describe cómo, tras asumir el gobierno, esa alianza se tradujo en la toma de control de áreas clave del aparato estatal. De acuerdo con la investigación, funcionarios de la Policía Estatal, la Policía Ministerial, la Fiscalía local y la Policía Municipal de Culiacán recibían sobornos mensuales a cambio de alertar sobre operativos, liberar detenidos y garantizar el libre tránsito de cargamentos y precursores químicos para la producción de fentanilo.

Uno de los capítulos del expediente involucra el secuestro y asesinato de un colaborador de la DEA en octubre de 2023. La fiscalía atribuye a Juan Valenzuela Millán, mando policial de Culiacán y uno de los acusados, la coordinación de ese operativo junto a Iván Guzmán.

El golpe llega además después de una señal política que en Palacio Nacional no pasó desapercibida. Como informó LPO, la semana pasada, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, visitó Sinaloa para hablar de inversiones y seguridad jurídica, pero evitó en todo momento fotografiarse con Rocha, pese al interés del gobernador por mostrarse alineado con Washington.

La imputación complica además toda la estrategia federal en Sinaloa. La política de seguridad en el estado quedó desde bajo conducción directa del gobierno federal y en ese contexto, llamó la atención que Omar García Harfuch, que estuvo presente en el estado a comienzos de año, dejó de visitar Sinaloa en los últimos meses.