El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa rechazó un amparo presentado por las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa y, de esta manera, dejó firme la absolución del exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, quien era investigado por la desaparición forzada de los estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Este martes, el Tribunal que tiene sede en Reynosa, Tamaulipas, dejó en firme el fallo de mayo de 2023 del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito que absolvió al perredista José Luis Abarca al considerar que no existían suficientes pruebas y evidencias en su contra por la desaparición de los normalistas. Todo esto a pesar de los testimonios de los testigos y sobrevivientes que declararon la participación directa de las autoridades municipales y de la Policía local durante los ataques que ocurrieron antes de los secuestros.

El recurso de amparo que este martes fue rechazado por el tribunal tamaulipeco fue presentado en el 2023 por las familias de los normalistas desaparecidos y por el director del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, quienes intentaron revocar la absolución del alcalde y de su entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, a quienes acusaban de "delincuencia organizada en su modalidad de secuestro y delitos contra la salud".

Este fallo representa un importante retroceso para la causa penal y para la demanda civil que exige memoria, verdad y justicia alrededor de los hechos que sucedieron el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. El alcalde y el secretario perredista eran una de las figuras públicas y políticas procesadas por la causa que evidenció los lazos más oscuros entre el crimen organizado y la política mexicana.

A pesar de este fallo, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez permanecerá encarcelado en el penal del Altiplano ya que, detallaron fuentes judiciales, debe cumplir una pena de 20 años de prisión por causas vinculados con el crimen organizado como el lavado de dinero y delitos contra la salud pública relacionados con el asesinato del entonces funcionario de su ciudad, Justino Carbajal Salgado.