La discusión sobre la doble nacionalidad llegó al ámbito de las gubernaturas luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara una reforma constitucional para impedir que quienes mantengan una segunda nacionalidad puedan competir por la Presidencia de México o por una gubernatura. La mandataria argumentó que quienes ocupen estos cargos deben tener una sola nacionalidad, la mexicana, para evitar posibles conflictos sobre a quién representan.
El planteamiento adquiere particular relevancia en los estados fronterizos, donde existen antecedentes de polÃticos que han ocupado el máximo cargo estatal y que mantienen o mantuvieron vÃnculos de nacionalidad con Estados Unidos. Uno de ellos es Javier Corral, quien gobernó Chihuahua de 2016 a 2021 y nació en El Paso, Texas, antes de desarrollar su trayectoria polÃtica principalmente en México.
En Baja California destaca el caso de Jaime Bonilla Valdez, nacido en Tijuana, quien posteriormente se naturalizó estadounidense tras vivir y trabajar en California. Bonilla fue gobernador de Baja California entre 2019 y 2021, además de haber ocupado cargos como senador y diputado federal.
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Otro antecedente es Francisco GarcÃa Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022, quien nació en McAllen, Texas. A estos perfiles se suma Ernesto Ruffo Appel, nacido en San Diego, California, en 1952, quien desarrolló gran parte de su trayectoria empresarial y polÃtica en Baja California, particularmente en Ensenada, y se convirtió en una de las figuras más representativas del PAN en la entidad.
La iniciativa planteada por Sheinbaum busca modificar este escenario: de acuerdo con los detalles difundidos sobre la propuesta, quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tendrÃan que renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro electoral y conservar únicamente la mexicana durante el ejercicio del cargo.
AsÃ, los casos de polÃticos con doble nacionalidad que llegaron a gobernar estados mexicanos podrÃan convertirse en antecedentes de una nueva regla constitucional, en medio de la discusión sobre soberanÃa, representación y posibles conflictos de interés.
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