El primero de agosto comenzará el segundo periodo de sesiones de la SCJN, esté será el último que Arturo Zaldívar presidirá. Durante este tiempo la justicia mexicana deberá tomar decisiones que pueden profundizar, aún más, el distanciamiento con las fuerzas castrenses del país.

El primer tema delicado son los amparos que Caro Quintero ha ganado para evitar su extradición a Estados Unidos, pues las fuerzas armadas quieren enviar al capo ante la justicia estadounidense lo más rápido posible. Incluso, el día de hoy, la jueza Abigail Ocampo Álvarez, admitió a trámite un nuevo amparo contra cualquier orden de detención o extradición que se pueda cumplimentar en contra de Quintero.

Después, están los temas relacionados con la justicia militar. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 tiene el objetivo es reconstruir la verdad histórica, indagar el paradero de las personas desaparecidas, buscar la reparación integral y la compensación del daño a las víctimas y abrir la puerta al juicio de los perpetradores de violaciones de lesa humanidad.

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Esta comisión resulta incómoda para las fuerzas armadas por el papel que jugaron durante la llamada "guerra sucia" y las desapariciones forzadas, aunque se ha reportado que la comisión ha tenido acceso sin mayores obstáculos a los archivos de concentración del fondo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cabe recordar que en mayo del presente año, Rafael Ojeda Durán declaró que "parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial", para después salir a ofrecer una disculpa pública, "quiero dejar en claro que mis declaraciones hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos Ministerios Públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo", afirmó el secretario de Marina.

También están pendientes los amparos que las familias de los activistas, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ambos fueron desaparecidos por un operativo militar en la ciudad de Oaxaca en 2007. En la acción estuvieron involucrados el ejército, la policía ministerial y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca.

La CNDH ya ha hecho un llamamiento a la SCJN para a resolver a la brevedad el amparo en revisión relativo al caso de desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, "esta Comisión ha acompañado al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y otras organizaciones en la solicitud ante la SCJN para que esta ejerza su facultad de atracción en el caso de desaparición forzada ocurrida en 2007 en perjuicio de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en el estado de Oaxaca".

Las familias de los dos hombres han señalado fuertemente como autoridades responsables de la desaparición a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

"Se dice con frecuencia que la Corte no ha resuelto asuntos que pueden ser relevantes o importantes para el gobierno en turno y esto es absolutamente falso. No es serio descalificar a ministras y ministros porque no coincide con el sentido de los votos. Lo que se debe hacer y, es lo deseable, se debata, se discute, se argumente sobre lo que dijimos y como lo dijimos", sentenció Zaldívar.