Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, un documento técnico que sustenta la necesidad de aplazar la elección de personas juzgadoras al 2028.

Este análisis formal tiene como objetivo exponer los argumentos operativos y los tiempos requeridos para garantizar la viabilidad del proceso electoral extraordinario.

"Tenemos una posición unánime con respecto a la necesidad de modificar la fecha de la elección del Poder Judicial", subrayó Taddei Zavala durante la reunión celebrada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde detalló que la complejidad del proceso judicial exige ajustes en el calendario original.

En el desarrollo de la sesión de trabajo, el cuerpo colegiado del INE expuso las razones logísticas que motivan esta petición de prórroga, pues en caso de una elección concurrente con comicios de 17 gubernaturas, el Congreso de la Unión, 31 congresos en entidades federativas, presidencias municipales y alcaldías, además de la elección del Poder Judicial, hacen prácticamente inmanejable el escenario de la concurrencia de estas elecciones.

Lo anterior, requeriría de la instalación de 354 mil casillas, la capacitación de tres millones de funcionarias y funcionarios; la impresión de 985 millones de boletas electorales; la fiscalización de 55 mil candidaturas; capacitar a cerca de 100 mil personas Supervisoras y Capacitadoras Asistentes Electorales.

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Asimismo, explicaron, se tendría que establecer capacitaciones diferenciadas, al igual que los mecanismos de recolección y los tiempos de cómputos y de radio y televisión, además de la emisión de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos y los cómputos en vivo de la elección judicial.

Pensar en la ciudadanía, en facilitarle los mecanismos de votación y al mismo tiempo, incrementar la participación ciudadana a nivel federal y local, "vale la pena posponer la elección del Poder Judicial, incluso más allá de los costos", señaló Taddei Zavala.

De acuerdo con el diagnóstico presentado por las consejerías, habría una saturación en la instalación y operación de casillas con efecto directo en el electorado; duplicidad operativa de reglas en sistemas informáticos, procesamiento de resultados e implicaciones de carácter presupuestal, lo que podría impactar en la integridad electoral en su conjunto.