A la espera de que la Cámara de Diputados defina si habilita o rechaza la realización de un juicio político contra el exgobernador de Morelos y actual diputado por Morena, Cuauhtémoc Blanco, el vicecoordinador del grupo parlamentario guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa para acabar con los fueros penales con los que cuentan los representantes legislativos a nivel federal y los gobernadores.

"Es una protección injustificada, de privilegio excesivo y una vía para actos de arbitrariedad que provocan enojo social", sostuvo el diputado federal, quien remarcó que "ya no es necesario que exista esta figura, que solo provoca impunidad". Sus dichos llegan en la previa del tratamiento que la Sección Instructora le dará a los pedidos de juicio político que existen contra Cuauhtémoc Blanco y el presidente del PRI, Alito Moreno.

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Ante este escenario, Ramírez Cuéllar manifestó que, por ahora, "no se les puede acusar de absolutamente nada" a ninguna de estas dos figuras, pero remarcó que "de manera voluntaria debieran renunciar al juicio de procedencia y comparecer ante el Ministerio Públicos". "La renuncia voluntaria al juicio de procedencia sería un ejemplo, un paso muy importante para caminar en una justicia de igualdad para todos", agregó.

La iniciativa es una mala noticia para Cuauhtémoc Blanco, quien durante los últimos días se mostró optimista ante la posibilidad de que San Lázaro rechace o impida la apertura de un juicio político en su contra a raíz de las denuncias de corrupción que tiene por parte del flamante gobierno de Morelos, que encabeza la gobernadora Margarita González Saravia, y por intento de violación, interpuesta por su hermanastra.

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"Lo que no se puede tolerar es que, frente a denuncias de distinto tipo, prevalezca la impunidad", declaró Ramírez Cuéllar, quien profundizó: "Que se apruebe la reforma en este periodo de sesiones nos llevaría a tener una república que erradica cualquier vehículo que genere impunidad". Según detalló en conferencia de prensa, su equipo ya inició el cabildeo al interior de a 4T y entre los diferentes grupos parlamentarios para lograr avanzar con la misma en los próximos días.

En caso de avanzar, esta iniciativa se podría sumar a las reformas electorales que ya aprobó la 4T, especialmente para prohibir la reelección y las candidaturas de familiares directos a partir de 2030. En un primer momento, dicha ley buscaba aplicarse a partir de 2027, pero, como detalló

, las presiones del Partido Verde doblegaron a Morena, que terminó postergando su puesta en marcha para preservar la unidad oficialista y la super mayoría legislativa.