La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esta mañana que exista una "Ley Antimemes" en discusión en el Senado, como acusa la oposición, y defendió la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial al asegurar que busca combatir la piratería y proteger la identidad gráfica institucional del Estado.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta aseguró que la iniciativa está relacionada con la protección de la propiedad intelectual y dijo que no entiende por qué recibió el sobrenombre de "Ley Antimemes", pues no contiene ningún artículo que prohíba este tipo de imágenes humorísticas en redes sociales. "No hay ningún artículo que tenga que ver con eso", afirmó la mandataria. Y agregó: "Es un invento".

Sheinbaum explicó que la iniciativa fue impulsada desde la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para facilitar las patentes ya aprobadas y proteger la propiedad intelectual contra la piratería.

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"Hay una parte expresa que no se puede comercializar por un privado los símbolos del gobierno de la República o gobiernos estatales. No tiene que ver con que alguien ponga un símbolo en una red social o prohibir memes o algo así, es absurdo y no sé ni de dónde lo sacaron", sostuvo la presidenta.

La polémica se desató por la incorporación del artículo 403 Bis a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, relacionado con el uso de la identidad gráfica de instituciones públicas.

Hay una parte expresa que no se puede comercializar por un privado los símbolos del gobierno de la República o gobiernos estatales. No tiene que ver con que alguien ponga un símbolo en una red social o prohibir memes.

El dictamen prevé penas de uno a cinco años de prisión para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas con la finalidad de inducir al error o engaño y cometer un ilícito.

La redacción fue modificada durante la discusión en el Senado. La propuesta original contemplaba penas de tres a siete años de prisión, mientras que el dictamen aprobado en comisiones redujo la sanción a uno a cinco años y acotó el supuesto al uso a escala comercial.

Desde la oposición, legisladores han advertido sobre un posible riesgo para la libertad de expresión. La panista Lilly Téllez ha cuestionado el dictamen al sostener que podría abrir la puerta a perseguir a ciudadanos, comediantes, caricaturistas y creadores de contenido que utilicen imágenes o referencias de instituciones para cuestionar al poder.