La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no considera necesaria una prórroga para las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025, pero destacó que el Gobierno federal está dispuesto a dialogar con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum señaló que, aunque su postura es que los comicios deben llevarse a cabo en la fecha prevista, pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entablar comunicación con el INE para escuchar sus inquietudes.

Estas elecciones serán un proceso inédito en México, resultado de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez, ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial serán elegidos mediante voto popular. No obstante, el pasado miércoles el INE solicitó una prórroga de 90 días argumentando contratiempos derivados de resoluciones judiciales que han retrasado la organización del proceso.

La elección judicial incluye la renovación de una parte importante del Poder Judicial pues será en 2025 cuando se votará para elegir a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otros cargos, sumando más de 800 puestos en total. Según la reforma, la otra mitad de los cargos se renovará en 2027 durante los comicios concurrentes.

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Cabe resaltar que el Senado ya rechazó la solicitud de prórroga del INE, argumentando que modificar la fecha requeriría una nueva reforma constitucional. Por su parte, Sheinbaum aseguró que su gobierno trabaja para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a lo planeado, aunque también destacó la importancia de escuchar las preocupaciones técnicas del instituto electoral.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de recepción de solicitudes de aspirantes. Cada una será evaluada por comités de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos comités seleccionarán a los candidatos finales mediante un sorteo al azar.

La reforma judicial y sus elecciones han generado un debate intenso sobre su viabilidad y los posibles riesgos para la independencia judicial. A pesar de las críticas, el Gobierno federal ha insistido en que el cambio es necesario para democratizar el Poder Judicial, argumentando que debe someterse al escrutinio de la ciudadanía.