A la espera de las primeras elecciones judiciales de la historia, que se realizarán el 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles, en su habitual conferencia de prensa, que algunas candidaturas ya confirmadas por las instancias electorales se podrían retirar si se comprueban nexos con el crimen organizado. "Tendrían que presentarse todas las pruebas", manifestó.

La polémica surgió este martes, luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconociera que existen "algunos defensores de narcotraficantes que quieren acceder" a la elección judicial para lograr un cargo dentro de los tribunales. "No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad", sostuvo el senador, quien le demandó al Tribunal Electoral "determinar el fondo del asunto".

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Por su parte, la jefa de Estado sostuvo que "si hay algún caso donde se encuentre que no se cumple con la Constitución", ya sea por vínculos con el crimen organizado u otras violaciones a los requisitos de participación, se podría poner una "medida precautoria" o descalificar a dicha persona para impedir que participe de los comicios, aunque ya se haya inscripto en la jornada electoral de junio.

Las elecciones de junio son uno de los desafíos más importantes para el gobierno de Sheinbaum en este 2025 al tener en cuenta que serán la primera vez que se realicen. A raíz de esto, como relató LPO, la dirigencia de Morena ya trabaja en un gran despliegue territorial y electoral para asegurar un mínimo de participación ciudadana que logre legitimar la reforma que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Además, durante su habitual conferencia de prensa, la jefa de Estado comenzó a difundir las elecciones junto a su consejera jurídica, Ernestina Godoy, quien este miércoles explicó los detalles junto al exministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar. En junio, el oficialismo tendrá la importante electoral más importante del gobierno de Sheinbaum hasta el 2027, cuando se renueven las autoridades de 16 estados. Hasta entonces, la 4T trabaja para que la reforma judicial avance de acuerdo a los planes previstos por el Palacio Nacional.