La presidenta Claudia Sheinbaum insistió este martes en su rechazo al informe de desapariciones forzadas por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas: afirmó que tiene "otra orientación" y rechazó que estos hechos puedan clasificarse como crímenes de lesa humanidad. 

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el documento no incorpora las observaciones presentadas por su Gobierno y cuestionó que se plantee la posibilidad de considerar estos hechos como crímenes de lesa humanidad. "El documento tiene otra orientación de llevar este tema al Consejo de Naciones Unidas en contra del gobierno de México, cuando el gobierno lo que ha estado haciendo es atender este tema", dijo.

Al ser cuestionada sobre si sugería una motivación política, Sheinbaum respondió que no se entiende la extrapolación hacia esa categoría jurídica. "¿Por qué cuando el gobierno está actuando? ¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una comisión de búsqueda cuando en los gobiernos hasta 2017 no lo había?", planteó.

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"¿Por qué cuando el gobierno está actuando? ¿Por qué no hay un reconocimiento de que por primera vez se instaló una comisión de búsqueda cuando en los gobiernos hasta 2017 no lo había? ¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué no se tomaron en cuenta las observaciones? ¿Por qué quieren llevarlo a la asamblea de Naciones Unidas? ¿Por qué no se reconoce la diferencia entre uno y otra forma de desaparición?", cuestionó.

 La semana pasada el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada concluyó  que la información recibida "parece contener indicios fundados" de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El organismo también solicitó al secretario general del organismo internacional remitir la situación a la Asamblea General para que se evalúen medidas orientadas a prevenir, investigar y sancionar este delito.

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El Gobierno mexicano ha rechazado estas conclusiones y ha defendido que su respuesta se basa en criterios técnicos y no políticos. La presidenta insistió en que su administración no niega la existencia del problema, pero rechaza su clasificación bajo esa figura jurídica. "No queremos negar la situación porque la estamos atendiendo. Lo que no estamos de acuerdo es hacia dónde quiere llevar este documento", afirmó.

Aseguró que no se niega el delito, pero rechazó que deba ser considerado como un crimen de lesa humanidad, pues insistió que esta denominación solo aplica cunado la desaparición se perpetra por el Estado, "así está definido por la ONU", aseguró.

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"No queremos negar la situación porque la estamos atendiendo. Tan es así que hasta modificamos leyes y estamos cerca de los colectivos. Lo que no estamos de acuerdo es hacia donde quiere llevar este documento", insistió la presidenta.

Además, dijo que no se trata de un tema de "enojo" por parte de su gobierno: "Es que no se puede acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equipare la desaparición en México a ese delito. El comité lo tiene que analizar de manera distinta", dijo.